26 / 03 / 2017

Archivo Loja, Ecuador

Con Mahuad gobernaron los banqueros y el Estado asumió el costo de su despilfarro

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En el Congreso, ‘La Aplanadora’ del PSC y la DP aprobó en noviembre de 1998 la Ley AGD que benefició al sector financiero


Durante los días del feriado bancario las portadas de los medios de comunicación recogían el caos económico y social que generó la medida.

El 8 de marzo de 1999 el Gobierno anunció un feriado bancario que, tres días después, desembocó en el congelamiento de los depósitos por un año: 4 billones de sucres y $ 350 millones
Una concentración masiva se desarrollará hoy en Quito, impulsada por el presidente Correa, para recordar un año más del fatídico 8 de marzo de 1999, día que se decretó el feriado bancario. Hace 19 años, el líder socialcristiano Jaime Nebot -que convocó para este 8 de marzo a una movilización en “defensa de la democracia” a propósito de los comicios presidenciales en Ecuador, pero finalmente desistió- formó parte del Congreso Nacional que aprobó la Ley que creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) e instauró el impuesto del 1% a la circulación de capitales (tributo a todas las transacciones bancarias).
 Nebot aseguraba ante la prensa que la normativa ayudaría a ejercer un verdadero control y “no ser un vehículo para pretensiones protervas en el área financiera”. El Congreso era dominado por la ‘Aplanadora’, una alianza formada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular (DP), al cual pertenecía el expresidente Jamil Mahuad.
 Si la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (1994) abrió las puertas al libertinaje bancario, permitiendo los créditos vinculados, la Ley AGD permitió que los banqueros endosaran al Estado las consecuencias de un manejo irresponsable que llevó a la ruina a decenas de entidades y ocasionó la peor crisis económica del país.
 Apenas tres días antes de que ‘La Aplanadora’ dé paso a la AGD, el 23 de noviembre de 1998 el vocero de Gobierno, Juan Reece, decía a los medios del riesgo que afrontaba Filanbanco y anunciaba una “posible ayuda” del Estado. “Esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuenta ahorristas y correntistas del banco tendrán el respaldo del Gobierno Nacional (…) No defenderemos jamás al sistema bancario per se, sino todo el problema social que puede significar todo esto”, afirmó Reece.
 El gobierno de Mahuad estuvo bajo el control de la banca, ocupando importantes cargos. Guillermo Lasso, del Banco Guayaquil, fue gobernador de Guayas y superministro de Economía; Álvaro Guerrero, de La Previsora, fue presidente del Conam (entidad encargada de los procesos de privatización); Fernando Guerrero, también de La Previsora, fue gerente del Banco Central; Jorge Egas Peña, exministro de León Febres Cordero y vinculado al sistema financiero, como superintendente de Bancos. Ana Lucía Armijos, lojana, pasó de la Asociación de Bancos Privados al Ministerio de Gobierno y luego a Finanzas, al mismo tiempo fue presidenta de la Junta Monetaria; Carlos Larreátegui estuvo en Desarrollo Social y después fue presidente de la Asociación de Bancos; y Medardo Cevallos Balda, del Bancomex, se convirtió en embajador en México.
 Siete días después de aprobada la norma, el 2 de diciembre de 1998 el Filanbanco (de propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, hoy prófugos de la justicia y radicados en los EE.UU.), estalló y pasó a manos de la AGD.(I) Enlace Corto.

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