Procesados por peculado en la Cooperativa Loja Internacional buscan la “suspensión condicional del procedimiento”

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” cerró sus puertas en el 2017.

Tras haberse acogido a la “suspensión condicional del procedimiento” el exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda. solo pagaría USD 80.000 como reparación integral a los cientos de afectados. Sin embargo, desde Fiscalía se indica que los perjudicados tienen conocimiento de las medidas alternativas solicitadas por los sospechosos. 

Situación

Galo Ortega Criollo, abogado defensor de un grupo de perjudicados, expresó que la legislación penal establece algunas medidas de solución del conflicto y que beneficie a las partes sin la necesidad de emitir una sentencia condenatoria. El Código de Procedimiento Penal anterior se preveía la “suspensión condicional del procedimiento”, el cual sustituía al juicio.

Para que se haga efectivo esta acción, el procesado debe cumplir varias condiciones, entre ellas indemnizar a las víctimas por el perjuicio cometido.

En el presente caso de los perjudicados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”, el exgerente de la entidad y principal involucrado por el delito que se investiga, Rodrigo E., quien también aceptó su responsabilidad, presentó su pedido de suspensión condicional del procedimiento ante la fiscal Bella Castillo Hidalgo y requirió que se le reciba como monto de reparación integral el valor de USD 80.000, pagaderos en 2 años, en 4 cuotas de USD 20.000 cada una.

“La fiscal, sin considerar que primero no se había efectuado una experticia de la real capacidad de pago del procesado, quien tiene registrado una casa en USD 140.000, aceptó dicho pedido y solicitó a la jueza de la Unidad de Garantías Penales que se declare la suspensión condicional del procedimiento y con ello de forma inmediata fue puesto en libertad el principal acusado y reconocido como culpable (aceptó el delito) del caso”, dijo.

Cree que hubo una inadecuada actuación de la Fiscalía, porque por mandato constitucional, la autoridad debe poner especial atención a los derechos de las víctimas y entre ellos el derecho a la reparación integral.

En ese sentido, la deuda supera los USD 4’200.000 y el pago ofrecido es de USD 80.000, significando solo el 2% de la totalidad, lo cual posiblemente se habría incurrido en un error inexcusable, puesto que no tiene justificación que se reciba ese monto en relación al monto adeudado.

Ortega Criollo mencionó que con este 2% los perjudicados que sumarían los 600 han visto frustrado sus aspiraciones de ser reparados integralmente, pero adicional a ello están totalmente decepcionados con la justicia.

No se puede apelar

Indicó que lamentablemente, por el principio de transitividad que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para este tipo de resoluciones no existe el recurso de apelación, no obstante, han puesto “una acción extraordinaria de protección a efecto que la Corte Constitucional declare admisible nuestro recurso” y se pronuncie anulando o dejando sin efecto la suspensión condicional del procedimiento.

En cambio, Samuel Toledo, perjudicado de la Cooperativa, indicó que dar paso para que se acoja al procedimiento al principal sospechoso es una bofetada que dieron a los cientos de personas que teníamos las esperanzas de ver en algún momento nuestros dineros, muchos de ellos sacados con el sudor de la frente.

Indagación

Ante ello, la fiscal del caso, Bella Castillo Hidalgo, mencionó que la información emitida por el jurista es errónea, ya que no se compadece con la realidad procesal, no es verdad que las víctimas no estén en conocimiento de las medidas alternativas, pero todo lo que la Fiscalía pueda llegar a obtener como reparación integral tiene que repartirse en partes iguales a las víctimas y no a una sola persona.

Por ende, “afirmar que la Fiscalía aprueba o no notifica a las víctimas de las solicitudes es una opinión sesgada y equivocada del profesional, ya que nosotros no aprobamos solo proponemos y la autoridad competente pondera si son viables o no, tal como sucedió con Rodrigo E.”, agregó.

Acotó que alrededor de 8 a 10 personas que fueron procesadas por el delito de peculado de la Cooperativa buscan como medida alternativa la “suspensión condicional del procedimiento” y están pidiendo la reparación integral a las víctimas, cuyos montos irán directamente a los perjudicados.(I).