La Fiscalía General del Estado procesó penalmente a un ciudadano como presunto responsable del femicidio de una niña de cuatro años. La Jueza que conoció la causa dispuso prisión preventiva para el procesado, quien es el padre biológico de la víctima.

Los hechos investigados se habrían producido el fin de semana pasado, cuando se reportó el deceso de una niña de cuatro años, aparentemente de manera súbita, mientras dormía. Los padres de la víctima informaron que la menor estaba enferma y fue llevada a un médico, quien les habría indicado que no existía gravedad y que volviera a su casa. A la mañana siguiente fue encontrada sin vida en su cama.

Luego de la autopsia correspondiente, el galeno responsable reportó que el cuerpo presentaba golpes y huellas de maltrato, por esa razón realizó un examen minucioso, encontrando, entre otras lesiones, un hematoma interno en la parte superior del cráneo y huellas de asfixia mecánica en su boca y nariz.

Finalmente, el reporte médico-legal determinó la presencia de lesiones en el área genital y la presencia de líquido seminal en su ropa interior.
Con esta información, la Fiscalía General del Estado solicitó la ejecución de un allanamiento en la vivienda y la detención del hombre de 27 años.

Posteriormente, en la audiencia realizada en la Unidad de Violencia de Género del cantón Loja, se formuló cargos por presunto femicidio, sustentado en los elementos de convicción recabados; entre los más importantes se encuentra el informe de autopsia, que determina que la muerte no fue resultado de causas naturales.

Además, se presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias, las versiones de los agentes aprehensores y la versión del ciudadano procesado, en donde se determinan inconsistencias en la narración de los hechos.

La jueza Litha Carpio acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del procesado y el inicio de la instrucción fiscal de 30 días.

Información jurídica

El delito de femicidio se encuentra tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.