
Los cuatro asambleístas por la provincia de Loja se reunieron en el cantón Macará con el objetivo de constatar las necesidades que tiene la provincia, para luego plasmarlas en normativas que sean aplicables y solucionar la problemática de los pueblos.
Detalles
El legislador Byron Maldonado Ontaneda indicó que son varias las necesidades de los cantones de frontera. Macará requiere urgentemente financiamiento para el tema de agua potable y alcantarillado; rehabilitación del canal de riego que tiene más de 40 años; creación de la universidad de la Paz, un tema que no se ha cumplido pese a existir un acuerdo binacional Ecuador-Perú; y, lucha contra el contrabando. También que la frontera de Macará sea de libre ingreso y salida para la comercialización sin inconvenientes; el arroz tenga una denominación de origen; los agricultores de cacao, maíz, arroz tengan el apoyo del Gobierno con crédito barato y a largo plazo; y, disminuya el costo de los insumos.
“Este cantón de frontera tiene un trato especial por la Constitución, pero ha sido olvidado por los gobiernos de turno. Es hora de volver la mirada a este lugar; como asambleístas apoyaremos para su desarrollo”.
Canal
El legislador alterno de Johanna Ortiz y principalizado en la actualidad, Juan Carlos Torres, coincidió que el cantón Macará tiene un sinnúmero de necesidades al igual que Zapotillo, Puyango, Calvas y Espíndola; pero el más urgente es el canal de riego, obra de más de 56 años y necesita una intervención urgente.
“Lamentablemente los recursos para su intervención son abultados -solo los estudios cuestan USD 800.000 y se estima unos USD 50 millones para una reparación integral-, pero se debe hallar alternativas para realizar el proyecto porque sin agua Macará muere, ya que el líquido vital lleva vida al campo”.
Agregó que, el cantón tiene un producto interno bruto de aproximadamente USD 90 millones al año; de eso, USD 24 millones son del agro, -cifra que dan motivo suficiente para apoyar a los agricultores-.
Otro de los inconvenientes, es el elevado costo de los insumos que afecta a los agricultores, por ejemplo, el glifosato antes tenía un precio de USD 62 la caneca, en la actualidad está a USD 120. “Si la situación sigue a ese ritmo, en el año 2022 el agricultor está condenado a quebrar a menos que el Gobierno sustente los precios del quintal de maíz, arroz, entre otros productos”.
“La mayoría de las soluciones tiene que ver con el Ejecutivo, pedidos que se lo haremos llegar al presidente de la República; otros pueden ser abordados por la Prefectura donde se le solicitó a la autoridad que intervenga”.(I).