La Procuraduría General del Estado (PGE) a través de su máxima autoridad, Íñigo Salvador Crespo, realizó la socialización de la propuesta del nuevo modelo de gestión “Procuraduría del Futuro”. La iniciativa abarcará todo el ciclo de la defensa jurídica del Estado con un enfoque preventivo y proactivo.

Trabajo

El Procurador General del Estado mencionó que el proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para diseñar e implementar en nuevo modelo de gestión en la entidad; un modelo fundamentado en un cambio de énfasis desde lo litigioso hacia lo preventivo. “La idea es evitar el mayor número de procesos, antes de llevarlos a la justicia, pero si se llega a esta instancia -defender de forma eficiente-”.

Además, a partir de enero de 2022 implementarán el cuerpo de procuradores del Estado, es decir, que la institución y los funcionarios jurídicos de todas las entidades públicas de la administración central y de los gobiernos autónomos descentralizados como Prefecturas y Municipios se unan para solucionar los conflictos a través de la mediación, con esto disminuir el número de procesos. Luego habrá una permanente capacitación con la Escuela de Procuradores del Estado.

“En principio lo que se busca es generar mayor seguridad jurídica, disminuir la conflictividad estatal, reducir el pasivo contingente para las finanzas públicas y la cantidad de procesos judiciales arbitrales de derechos humanos que tenemos en tribunales nacionales e internacionales”. El monto que entra en juego en el caso que, el Estado perdiera esos procesos es de USD 5.700 millones.

En cuanto a la eficacia de defensa de los casos tienen un porcentaje del 70% donde los procesos son ganados, mientras que el resto los pierden, “pero no necesariamente es una derrota porque se llega a acuerdo de pagos menores, por ejemplo, el Estado debía pagar USD 10 millones, pero se logra reducir esa cantidad a USD 7 o USD 5 millones”.

Loja

Íñigo Salvador Crespo añadió que la Procuraduría está interviniendo activamente en la defensa del Municipio de Loja en la acción de protección planteada por la empresa Safety Enforcement en Quevedo, “ya que la demanda es planteada en otra ciudad para alejarla de su foro natural que son los juzgados de Loja, es así que de parte de la PGE intervino una abogada de la Dirección Regional Nº 1 de Guayaquil”.
“Hemos alegado en defensa del Estado una serie de argumentos, entre estos, las competencias, luego está la sentencia de pagar USD 12 millones por supuestos derechos laborales de una persona jurídica, lo que no se ha oído nunca en el Ecuador, ya que las personas jurídicas no tienen derechos laborales”.(I).