Santiago Armijos Valdivieso
Bajo la premisa de que en democracia se debe garantizar la más amplia participación electoral de los ciudadanos sin restricciones, el Art. 119 de la Constitución exige como requisitos para ser asambleísta: ser ecuatoriano, tener al menos 18 años y estar en goce de los derechos políticos, prescindiendo de requerir estudios y título profesional.
Se entendería que, para suplir esa falta de conocimientos profesionales o universitarios, el Art. 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa concede a los asambleístas el derecho a solicitar la contratación de dos asesores y dos asistentes para que los inteligencien, los ayuden y los asistan en la difícil tarea de legislar y fiscalizar los complejos y diversos temas que se analizan en el seno legislativo. Eso sí, estos asesores deben tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios.
Por su parte, el Reglamento para la Contratación de Asesores de la Función Legislativa determina que los asesores tienen derecho a recibir íntegramente su remuneración a cambio de asesorar y absolver todas las inquietudes requeridas por los asambleístas, dentro de una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales.
El viernes 17 de noviembre de 2023 se iniciará una nueva gestión legislativa y es de esperar que los asambleístas utilicen, adecuada y responsablemente, el derecho de contratar asesores con la incorporación de profesionales que verdaderamente estén preparados para elevar la calidad de la gestión legislativa; tan desprestigiada en los últimos años, como consecuencia de deplorables actuaciones en las que en repetidas ocasiones ha primado la vendetta política, la ignorancia jurídica y la mezquindad.
Al ser un tema determinante para que la Función Legislativa cumpla con éxito su gestión, la contratación de asesores debe merecer la preocupación ciudadana y estar en el radar de la opinión pública, pues, si se reduce solamente al reclutamiento de compadres, familiares de financistas o muchachos de mano, carentes de méritos y conocimientos profesionales para la responsabilidad, no podremos aspirar a buenos niveles legislativos con la consiguiente proliferación de leyes y resoluciones plagadas de deficiencias y sinsentido, tan generadoras del caos jurídico, en desmedro de los grandes problemas nacionales.
Si aspiramos a construir una mejor sociedad y un país desarrollado, es hora de que los asambleístas hagan bien las cosas: ¿o será mucho pedir?