27 / 01 / 2020

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Vialidad:  La historia de un latrocinio en Loja Vialidad: La historia de un latrocinio en Loja

Vialidad: La historia de un latrocinio en Loja

Publicado en Reportaje Escrito por  Diciembre 23 2019 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
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En la provincia de Loja, desde 2014 a 2018, se debatió en la opinión pública sobre los beneficios y arbitrariedades de una empresa china en la reconstrucción de la vía Catamayo-Gonzanamá-Calvas-Sozoranga-Macará, gobierno de Rafael Correa.

Así, en julio de 2014 se firmó el contrato macro para la construcción y reconstrucción de 10 vías en Ecuador, entre las que se incluyeron a 2 en la provincia de Loja. Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Catamayo-Gonzanamá-Calvas-Sozoranga-Macará con una inversión de 151’573,949.15 dólares, en 36 meses; y, la Reconstrucción de la carretera Celica-Cruzpamba-Ye del Muerto, en 12 meses, con una inversión de 12’803,471.63 dólares.

El contrato fue firmado entre Paola Carvajal Ayala, como ministra de Transporte y Obras Públicas, y Wuyu, como apoderado general de la empresa estatal de nacionalidad china, Sinohydro Corporation Limited, domiciliada en Ecuador.

Entre las cláusulas que garantizaban los recursos y el cumplimiento de los estudios realizados. En el numeral 2.01 se incluye un oficio de fecha 7 de enero de 2014, suscrito por el economista Fausto Eduardo Herrera Nicolalde, como ministro de Finanzas, en “el que certifica que dicho ministerio asignará los recursos correspondientes para el financiamiento de los proyectos”.

De la misma forma, en el numeral 2.02, de los antecedentes, se señala que, “a través de memorando No MMTOP-DEV-2014-367-ME del 26 de marzo de 2014, la directora de Estudios del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), certifica los presupuestos para la contratación de los proyectos elaborados con base en los estudios completos y aprobados que han remitido los diferentes subsecretarios regionales, directores provinciales y supervisores financieros de las zonas en las que se ubican los proyectos”.

Asimismo, en el numeral 2.09, se incluye “el acta de la sesión de la Comisión Técnica de fecha 5 de marzo de 2014, en la que recomienda la adjudicación del contrato a la empresa estatal china, por el monto de 367’016. 980,74 más IVA”; y, en el numeral 2.11, se incluye la Resolución Ministerial No. 027 del 7 de marzo de 2014, en la que, “la ministra Paola Carvajal, acoge la recomendación efectuada por la Comisión Técnica, y resuelve adjudicar las 10 obras a la empresa Sinohydro”. Al contrato también se incluyen documentos como “las certificaciones de la Dirección Financiera que acreditaban la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos”.

En la cláusula novena, sobre la ejecución del contrato, en el numeral 9.02, se establecía que “todas las obras deben ejecutarse cumpliendo de forma estricta con las especificaciones técnicas y/o los términos de referencia requeridos en los pliegos y las que constan en el contrato”, pero, además entre las obligaciones de la empresa, numeral 16.02, estaba el compromiso de Sinohydro para “ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó el MTOP y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y, en tal virtud la empresa, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios…”  

Además, el contrato recogía los principios legales sobre la subcontratación de la obra, y en la cláusula décimo quinta, numeral 15.01, establecía que “la empresa estatal contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo ni parte de este contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda el 30% del valor total del contrato principal”.

El exdiputado por la provincia de Loja, Freddy Bravo, dijo que el contrato se firmó con base en los estudios que tenía el MTOP. “Los estudios decían que, en el mejoramiento de obra, tenían que hacer un trabajo de 40 centímetros (cm); 30 cm de subase, 20 cm de base, más 15 cm de carpeta asfáltica. Pero de pronto asomó el delegado del MTOP de Loja para decirnos que no se va a respetar esos parámetros sino que los trabajos de mejoramiento ya no serán de 40 sino 20, que la subase no será de 30 sino 15, que la base no será de 20 sino 10 y, que la carpeta asfáltica no será de 15; sino 7,5cm”, y recordó que la vida útil de la vía estaba proyectada para 20 años, pero que ahora será de 10, ya que le redujeron más de 51 millones.

Freddy Guerrero, de formación ingeniero civil y exalcalde de Sozoranga, sostiene que todos los cambios y modificaciones se realizaron sin sustento técnico ni jurídico, y que ahora se están dando repercusiones, porque ya existen algunos problemas en la calzada, especialmente en el tramo desde Gonzanamá a Cariamanga. “La vía está en franco deterioro, ya que no existe el mantenimiento respectivo por parte del MTOP”, comentó.

Guerrero, también recordó que fueron a Quito a una reunión con Paola Carvajal, de formación ingeniera civil y ministra de transporte, en la que participó el asesor vial del presidente, Salvador Jaramillo, la gobernadora Johana Ortiz, el subsecretario de Senplades, Kevin Jiménez, el asambleísta Richard Farfán, el prefecto Rafael Dávila, y los alcaldes de Macará, Quilanga, Espíndola, Calvas, Gonzanamá y Catamayo. “En esa reunión, la ministra demostró sus altos conocimientos y formación técnica, cuando nos dijo que el Tráfico Promedio Anual (TPA), no tiene nada que ver con el diseño del paquete estructural”, ironizó.

Ante la pregunta, ¿Por qué no se logró la unidad de los alcaldes de los cantones por donde pasa la vía para que se respeten los estudios y el contrato inicial?, el exalcalde comentó que sus compañeros tenían sus propios intereses: “Yo recuerdo que, en la reunión con la ministra, unos pedían la creación de universidades, otros pedían que se asfalte las calles urbanas de sus ciudades, otros pedían partidas extrapresupuestarias; o sea, era agenda propia y no la construcción de la vía”, recordó.

Cabe recalcar que antes y durante la firma del contrato con la empresa Sinohydro, estaba vigente el decreto ejecutivo del 4 de agosto de 2010, en cuyo artículo 3, disponía que “los estudios viales deberán contener un concepto de homologación, de tal manera que las vías se las considere, además del concepto de “proyecto integral”, como parte del desarrollo de una determinada zona del país; por lo que tendrá que existir continuidad en el empate de una obra por ejecutarse, con una ya ejecutada, en cuanto a la amplitud y demás características técnicas”, con base en lo cual se pedía la construcción de accesos y pasos laterales en dos cantones.

Asimismo, el exalcalde Guerrero, dijo que, con la reducción de los 51 millones de dólares al contrato inicial, no se construyó el puente sobre el río Boquerón, el paso lateral de Gonzanamá y Calvas; los puentes en los sectores de La Lomingana, El Achiral y Santo Cristo.

Durante el periodo en que se firmaron y ejecutaron los trabajos en la vía Catamayo-Gonzanamá-Calvas-Sozoranga-Macará, en la provincia de Loja estaban en funciones los asambleístas, Richard Farfán y Myriam González, por Movimiento PAIS; Raúl Auquilla, por CREO; y, Verónica Arias, por el ARE. “Nunca pidieron información y mucho menos hicieron una acción de fiscalización; no pidieron al ministro una copia de la certificación presupuestaria para la firma del contrato, ni el sustento técnico para una reducción del 50% de los estudios; no hicieron nada”, comentó el exdiputado Bravo.

Cinco años después, la Contraloría General del Estado (CGE), emitió un informe del examen especial realizado entre el 1 de julio de 2012 a 18 de mayo de 2018, periodo que comprende la fase precontractual y ejecución del contrato para la reconstrucción de las 10 vías en todo el país.

El informe sostiene que, entre los objetivos del examen, fue, “evaluar el grado de cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables en los procesos previstos para las etapas preparatoria, precontractual y ejecución de los proyectos”; así como, “evaluar el grado de cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y estipulaciones contractuales”; y, “determinar el grado de cumplimiento de estudios y diseños definitivos, en la ejecución de los proyectos”, entre otros.

Entre las principales conclusiones, la CGE determinó que Sinohydro subcontrató un monto de 235’936.273,47 dólares que representan el 64,28%, superando el 30% del contrato suscrito el 2 de julio de 2014; hecho que no fue advertido por directores distritales ni por directores de Construcciones del Transporte, que permitieron que la contratista ceda el 100% de sus obligaciones contractuales.

Además, los montos de los 9 proyectos que ofrecieron información, suman 363’ 841.877,17 dólares, pero la suma de los valores en subcontrados llega a 235’ 936.273,47 dólares, dando un beneficio a Sinohydro de 125’905.604 de dólares.

Además, el informe sostiene que directores distritales de Loja, en calidad de administradores, supervisores, fiscalizadores y la fiscalización externa contratada con la Asociación IRI, aprobaron en las planillas de obra, rubros no ejecutados, y que no cumplen con las especificaciones técnicas, por un valor de 652.830,36 dólares, en beneficio de Sinohydro. Y agrega que, “en los 2 proyectos ubicados en la provincia de Loja, no existen criterios jurídicos ni técnicos, por lo que, hasta la fecha de corte de la presente acción de control el MTOP ha dejado de cobrar multas por 9’ 640.016,91 de dólares”.

Luego de conocido el informe de CGE, no se hicieron acciones para cobrar las multas por cerca de 10 millones de dólares en la reconstrucción de la vía, Catamayo-Gonzanamá-Calvas-Sozoranga-Macará y Celica-Cruzpamba-Ye del Muerto, como tampoco sobre el beneficio de Sinohydro por 129 millones; y, mucho menos sobre la subcontratación del 100% de las obras. (I)(WMM)

-Sinohydro se benefició de 129’ 021.773,39 de dólares y el MTOP no le cobró 9’ 640.016,91 de dólares, por multas.

-Reunión de autoridades provinciales con la ministra de transportes, Paola Carvajal, en la que se pedía respetar los estudios y el contrato inicial.

-Exministro de transporte Walter Solís, (actualmente prófugo de la justicia), Israel Villavicencio (investigado por corrupción) exsubsecretario de transporte y Johana Ortiz, exgobernadora de Loja, en recorrido de los trabajos en las vías contratadas con crédito chino, 2018.

 

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