15 / 12 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Varias personas acudieron a la socialización de los resultados. Varias personas acudieron a la socialización de los resultados.

Nueve entidades públicas no cumplen la inserción

Publicado en Ciudad Escrito por  Septiembre 26 2015 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
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De 22 instituciones públicas del cantón Loja, que tomó como muestra la veeduría que vigila el cumplimiento de la normativa legal del 4% de inserción laboral a personas con discapacidad, encontró datos poco alentadores que demuestran que aún falta concienciación en el tema.


El viernes, con la presencia de algunas personas especiales, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), autoridades e invitados, se socializaron los resultados. Iván Valladarez, presidente de la veeduría, detalla que 17 entidades proporcionaron los datos para la tabulación, de ellas ocho sí acatan el reglamento y nueve no.


Resultados

Entre las que cumplen está el Gobierno Provincial, Municipio, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio del Trabajo, Secretaría Nacional del Agua, Servicio de Rentas Internas y Registro Civil; y, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco de Fomento, Senplades, Magap, UNL, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Ministerio de Salud y la Gobernación, incumplen.

Valladarez explica que al momento de solicitar información, algunas dependencias dijeron que tienen cobertura provincial y nacional y, por ende, debían pedir referencia en la matriz. La tarea que realizaron los cinco veedores (Joicy Cueva Masache, Iván Riofrío, Ángel Feijoo, Edison Padilla y Víctor Valladarez), fue solicitar datos, tabular, comprobar en territorio y hacer el informe.


Gestión

Doris Gallardo, consejera del Cpccs, precisa que el Consejo solicitó al Ministerio del Trabajo para que aplique las sanciones. “Las instituciones están obligadas a cumplir el 4% de inserción”, indica Gallardo. Juan Peña Aguirre, consejero, subraya que el Cpccs no es un ente sancionador, es un brazo ejecutor de la ciudadanía para establecer el cumplimiento de los derechos.
Hay una segunda instancia, en este caso el Ministerio de Trabajo, que conocerá el informe y establecerá sanciones. (MQP).

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