Miguel Andrade Orellana

Otra vez tenemos que soportar los planteamientos inconsistentes  del  Ministerio del Trabajo y en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios sobre el incremento al salario básico unificado, conforme ordena la ley. Este tema se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los trabajadores, porque se lo trata al margen de la Constitución de la República y al capricho de los empresarios.

Afirmamos lo que antecede, porque el Ministerio del Trabajo y el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios están en manos de los empleadores, íntegramente a su servicio, por ello, el incremento salarial que se imponga, favorecerá a los empleadores en perjuicio de los trabajadores.

El 17 de diciembre el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, invitó a algunos dirigentes  a buscar un acuerdo sobre el incremento al salario básico unificado del 2020. En dicho evento, los representantes de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) propusieron un incremento de $15,00; el FUT, que no participo en la reunión propuso un incremento de $25% del salario básico actual, o sea $98,5; y, un vocero de los empresarios, sostuvo que el incremento debe ser de $1,00 por la crisis imperante.

La reunión en referencia degeneró en una charla improductiva porque se realizó al margen de la Constitución, esto es, al margen del artículo 328 y de la vigesimoquinta disposición transitoria que ordena, que la revisión anual del salario básico se  realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno; además, que el salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar, cuyo valor actual es de $725,00.

El artículo 328 de la Constitución dispone, que la remuneración será justa, con un salario digno que  cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia.(O).

El 10 de diciembre del 2019 se cumplieron 71 años de encontrarse vigente la Carta Universal de los Derechos Humanos, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para impedir los abusos contra las personas.

La Fiscal General del Estado Diana Salazar ha expuesto 587 elementos de convicción, fundamento con el que pidió a la jueza  Daniela Camacho, que los 22 sospechosos de cohecho, en el caso Sobornos 2012-216 sean llamados a juicio porque todos configuran  una estructura criminal de la cual Rafael Correa habría sido la cabeza de la red.

Como traba a la convocatoria formulada por los movimientos sociales, para tomarse las calles el 20 del presente mes, en rechazo al paquete de medidas antipopulares planificadas por el gobierno y los grandes empresarios, el señor secretario de la Presidencia de la República, ha formulado declaraciones tratando de confundir al pueblo ecuatoriano. Ahora el señor Roldán, al referirse a la protesta del 20 de septiembre, expresa que, deberían marchar cuando suban los combustibles, no cuando van a subir.