23 / 07 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Hacia una propuesta al Consejo de la Judicatura

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Rómulo Salazar Ochoa
Es preciso que entre los abogados reconozcamos los importantes cambios operados en el sistema judicial del país relativos al ámbito de la construcción civil, es decir locales más funcionales, gran infraestructura informática y tecnológica, incremento de jueces y personal en general, incremento de unidades judiciales en relación con las diversas materias que impone el ejercicio jurisdiccional y la administración de justicia, más unidades de trabajo administrativo. En suma, un proceso de modernización de la Función Judicial; también ha crecido mucho el Consejo de la Judicatura como órgano administrador y de control.


Evidentemente, tenemos un diseño nuevo en el sistema judicial del país. Mas, el aspecto fundamental de la nueva administración de justicia, la calidad de la justicia requiere personal calificado que hay que formar; sin ello no habrá cambio, es decir un contenido conceptual, oportunidad, objetividad y eficacia. “Cabezas” administrativas intermedias ineficientes han liquidado el principio constitucional de inmediación o acceso a los procesos por parte de los abogados defensores. No hay cómo “ver” el proceso porque está “con petición pendiente de despacho”. Qué ridiculez. Una fotocopia cualquiera requiere de petición escrita, pedida en formulario y conferida solo a ciertas horas, ignorando la necesidad del interesado, el tiempo que ello impone, el perjuicio que el retraso ocasiona.
A los abogados como a toda la ciudadanía nos interesa que la reestructuración de la justicia vaya revelando ya un proceso de constitucionalización del derecho en sus diversas materias y niveles jerárquicos; que vaya expresándose en sus decisiones judiciales, autos, decretos y sentencias. La constitucionalización del derecho impulsará en los jueces y su personal de apoyo y en los abogados una verdadera cultura del litigio judicial. Es una tarea fundamental e inexcusable. Es el objetivo mismo de la intervención del Presidente Correa en la administración de justicia, autorizada en la Consulta Popular. En este marco de la constitucionalización del derecho y de la justicia debemos señalar los ámbitos de trabajo que requieren más urgente solución en el nuevo sistema judicial, proponiéndolos a todo el gremio, a la ciudadanía y, obviamente, al Consejo de la Judicatura.
A partir de nuestras necesidades y desafíos profesionales debemos impulsar un proceso de estudio habitual y progresivo de la legislación vigente a la luz del texto constitucional. Ello nos permitirá comenzar a superar las limitaciones que traemos desde la Universidad, “afianzadas” en un ejercicio profesional no solo distante de la Constitución, sino incluso divorciado de los aspectos positivos de la legislación secundaria, proponiendo la reforma de otros, potenciando aquellos que guardan armonía con la Constitución vigente, tratados internacionales y los llamados principios del derecho universal.
La lectura y entendimiento fragmentarios de la ley y el deficiente o ningún estudio de la Constitución siguen superficializando y empobreciendo extremadamente la gestión profesional, el trámite y las resoluciones judiciales. Los abogados argumentamos poco, nada o mal; el juez firma muy discutibles providencias de “su puño” o hechas por su personal de apoyo que luego “defiende” con la socorrida frase de “estese a lo dispuesto”, ignorando que ya no hay providencias sin motivación, que es el juez quien debe dar ejemplo en la observancia y enseñanza del principio constitucional de la argumentación de sus decisiones, cualquiera sea el estado del trámite.
Los jueces deben abandonar el legalismo, decidirse a asumir el principio de la aplicación directa e inmediata de la Constitución; sin ello, tendremos derechos pero no jueces que los hagan valer. Nuestros jueces siguen identificando la propiedad privada en los títulos escriturarios y no en el principio constitucional de la “función social y responsabilidad ambiental”. Debemos reconocer que jueces, notarios, registradores de la propiedad, curiales y abogados en libre ejercicio hemos asumido prácticas “non santas” respecto del derecho sucesorio y otras ramas del derecho con grave perjuicio para la comunidad y el Estado. El defectuoso servicio pericial y avaluatorio en materia judicial ha afectado el ámbito social de la propiedad y la seguridad ciudadana, desacreditado mucho la administración de justicia. El Registro de la Propiedad aún no asume la significación que le asigna la Constitución como registro público y como garante del principio de legalidad formal y conceptual de los documentos que incorpora y de sus efectos jurídicos, etc., etc.
En el cantón Loja un grave conflicto viven los ciudadanos que deben precisar o corregir los linderos de sus bienes raíces y sus dimensiones en trámite judicial de apeo y deslinde “acordado” entre el Municipio de Loja y el servicio judicial, que en verdad deben subsanarse administrativamente en la entidad Municipal. Tampoco está bien un sistema de pensiones alimentarias que se decide solo en base de una tabla salarial defectuosa y rígida, ignorando el derecho de las partes al debido proceso y enervando la atribución del juez a valorar la pensión no solo como suma de dinero, sino como un medio para propiciar una formación ética idónea, que son parte del interés superior del niño, etc., etc.
Los abogados debemos presentar los problemas que desde el ejercicio profesional tiene el gremio, proponerlos para resolverlos como parte de nuestra contribución actual e inmediata a la construcción de una administración de justicia eficaz, es decir inspirada en la Constitución.

Modificado por última vez en Mayo 27 2015

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