16 / 01 / 2018

Archivo Loja, Ecuador

A sumar voluntades para anteponer los objetivos nacionales

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El escenario político del recién electo presidente ecuatoriano Lenín Moreno, se asoma por decir lo menos, difícil.

Tras una década de la cual fue parte, se contonean ciertos aportes al desarrollo social con la disminución de los derechos ciudadanos.
La anunciada apertura del Presidente Moreno, tiene como prioridad urgente, legitimarse socialmente con los más diversos sectores del pueblo ecuatoriano, en particular con las organizaciones populares y gremiales que su antecesor persiguió; sin descuidar el castigo a la corrupción que salpicó a varios de sus coidearios, generando una crisis moral y política que afectó a su candidatura.
El hecho de contar con una mayoría en la Asamblea, el nuevo gobierno no debe estar muy seguro de una gobernabilidad en calma sin tensiones políticas ni sociales. No puede seguirse abusando de la prepotencia y violación de leyes y derechos para marginar y someter a la oposición, porque los ciudadanos han declarado que ya están hastiados de los atropellos, fincando ahora sus esperanzas en que el consenso y el respeto sean el referente de una gestión que promueva el desarrollo económico y social que a la par garantice la paz y la democracia.
Las primeras acciones de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, parece que seguirán la línea de control omnipotente del poder. A las bancadas o bloques de minorías, no se les escucha o no quieren tomar en cuenta sus opiniones para la integración de las diversas comisiones, proyectando así una imagen netamente correísta contraria a la anunciada por el Presidente Moreno.
Tarea inaplazable para la oposición legislativa, es trabajar en la construcción de la unidad y alianza con las organizaciones populares para ampliar su capacidad de resistencia y apoyo en la presentación de proyectos de ley que supere la dependencia petrolera que arrastramos desde la dictadura militar “nacionalista y revolucionaria” de 1970. Dependencia que según datos del propio gobierno nos deja un déficit fiscal cercano a los ocho mil millones de dólares y una deuda publica consolidada de más del 50% del PBI, lo que provoca una inflación que no permite aminorar la desocupación laboral y la pobreza.
Los sectores ciudadanos postergados permanentemente por la inacción gubernamental, aspiran que el gobierno y la oposición legislativa, sumen voluntades para anteponer los objetivos nacionales a los intereses particulares y la demagogia, pues aún es tarea pendiente, el pleno ejercicio de derechos y la protección social a los sectores vulnerables.(O).

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