20 / 11 / 2017

Archivo Loja, Ecuador

Responsabilidades compartidas

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En términos generales, el Estado es el conjunto de instituciones legalmente establecidas, que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan al pueblo. Pero es el pueblo quien se organiza políticamente en un Estado y dentro de un territorio limitado; dicho en otras palabras, el pueblo, en forma libre y voluntaria, permite la existencia del Estado como su forma de organización política. Así mismo, para administrar el Estado, el pueblo elige en forma libre y voluntaria a sus gobernantes, otorgándoles autoridad, potestad y facultades para que lo sometan a sus decisiones. Si el pueblo elige a gobernantes responsables, honestos y verdaderos estadistas, el Estado estará bien administrado y caminará por la ruta que lo conducirá a la cima del desarrollo integral, lo cual redundará en beneficio del pueblo.


Al contrario, si el pueblo elige a gobernantes irresponsables, deshonestos y falsos estadistas, el Estado estará mal administrado y caminará por la ruta que lo conducirá al abismo de su autodestrucción, terminando el pueblo perjudicado.

Cuando un Estado va bien y camina seguro por el sendero del progreso, ¿de quién es el mérito, del pueblo o de sus gobernantes? El mérito es compartido porque, por una parte, lo tiene el pueblo que supo elegir bien a gobernantes responsables, honestos y verdaderos estadistas, para que administren el Estado con sabiduría y transparencia; por otra parte, el mérito lo tiene el gobierno porque ha hecho una administración responsable, sabia y transparente. Cuando un Estado va mal y camina peligrosamente por el sendero del deterioro, ¿de quién es la culpa, del pueblo o de sus gobernantes? La culpa es así mismo compartida porque, por una parte, la tiene el pueblo que no supo elegir con responsabilidad y sabiduría y entregó el poder a gobernantes indignos; por otra parte, la culpa la tiene el gobierno porque ha abusado del poder que se le dio, utilizándolo en beneficio propio y en perjuicio del pueblo.

Toda decisión que se toma trae consigo el riesgo de acertar o equivocarse. Todo depende de la capacidad de discernimiento y de la sabiduría que se antepone a la decisión. Cuando se elige a quienes gobernarán al Estado, se está tomando una sustantiva decisión que puede ser producto del discernimiento y la sabiduría para elegir a quienes se lo merecen; o puede ser el resultado de una manipulación politiquera que lleva a entregar el poder a quienes no se lo merecen.

Una vez tomada la decisión y elegido el gobierno, no hay más que esperar el desenlace de los acontecimientos y vigilar con atención para que el Estado sea bien administrado. Para ello es necesario que el gobierno no sólo sea honesto en la administración de los bienes y recursos del Estado, sino también en la revelación permanente de la verdad, de la realidad en la que se encuentra el Estado.

La prensa responsable y libre tiene el patriótico deber de retirar el maquillaje que el gobierno puede ponerle a la verdad y revelarla al pueblo para que tome conciencia de la realidad. Ocultar la verdad y esconder la realidad con la máscara de la mentira recurrente, no le hace bien, ni a los gobernantes, ni a los gobernados. Más temprano que tarde la realidad resultará inocultable y habrá que enfrentarla con dolor e indignación, asumiendo las duras consecuencias que las paga finalmente el pueblo. La mentira puede embarazarse en la privacidad; la verdad siempre dará a luz en público.

Cuando un delincuente infringe la Ley, vulnera derechos de otra persona o un grupo de personas, razón por la cual el Estado lo castiga según la gravedad de la falta. Cuando el Estado ha sido llevado a la quiebra económica, ética y política, no se está vulnerando derechos de pocas personas, sino de millones de ciudadanos; por lo tanto, el pueblo debe exigir el más severo castigo a los responsables, sentando precedentes y haciendo prevalecer el principio constitucional de igualdad ante la Ley.(O).        

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