23 / 10 / 2018

Archivo Loja, Ecuador

Estado exige a la escuela resolver los males sociales

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Las violaciones sexuales a niños en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil, es uno más de los casos de acoso y abuso sexual perpetrados contra niñas y niños en planteles educativos, centros deportivos, iglesias y otros sitios, donde buena parte de responsabilidad corresponde a la ineptitud del Estado.

No se trata de justificar nada. Pero tampoco puede exigirse solo a la escuela resolver todos los males sociales, mientras el Ministerio de Educación es incapaz de generar consensos para mejorar el sistema educativo. Es urgente ejecutar una labor de educación y formación en las escuelas y colegios conforme manda la Constitución, es decir, garantizar la integridad de la niñez y para prevenir todo tipo de violencia sexual que cometen los adultos y también entre niños.

Las charlas descontextualizadas que ofrecen los departamentos de consejería estudiantil, deben reforzarse con actividades destinadas a prevenir, detectar y eliminar la violencia sexual y otros abusos a menores, y a la par transversalizar la educación sexual en la malla curricular y en la formación del profesorado.

Nos entusiasmamos con ser una sociedad impregnada de buenos modales y valores éticos, sin embargo, callamos y callan, sobre todo, quienes tienen el compromiso de cuidar y proteger a la niñez. Seguramente, es doloroso denunciar a quienes se supone son nuestros seres queridos. Cómo explicar a los niños y niñas que han de protegerse de quienes les deberían amar, de sus padres, de sus hermanos, de sus profesores, presuntos y potenciales abusadores sexuales.

La violencia, el acoso y abuso sexual a menores en escuelas y colegios es un drama viejo, muy conocido y silenciado por los padres de familia, por los directivos de los planteles y por las autoridades de educación. No hay escuela o colegio exento a estos males, que en buena parte desembocan en bajo desempeño y deserción escolar, así como a una elevada tasa de embarazos en niñas y adolescentes.

Es incomprensible que la familia calle. Pero es más terrible que ningún director o rector quiera denunciar estos hechos de violencia contra los menores por temor a que su plantel se desprestigie, pero alardean en sus proyectos educativos, que su misión es responsabilizarse por la educación integral de los estudiantes.

El miedo, el silencio o negligencia de los directivos y autoridades educativas, es un hecho censurable y delictivo. Por tanto, debe ser sancionado administrativa y penalmente, sin ninguna distinción de tipo político o religioso.(O).

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