14 / 10 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Privatización de vitales servicios públicos

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Hace pocos días el consejero presidencial, Santiago Cuesta nos dio una escalofriante noticia o anuncio sobre la creación de dos nuevas empresas públicas a las que se pasarán los activos del servicio de telecomunicaciones, CNT, y de todas las empresas eléctricas existentes en el país para concesionar sus administraciones por 20 y 25 años, mediante licitaciones, esto es, para que intervengan con sus miles de millones las empresas transnacionales y las privadas del país. El pueblo por medio de sus organizaciones clasistas está impedido de intervenir en esa subasta millonaria a sabiendas que esto afectará su escuálida economía ya que en las actividades diarias tanto el servicio eléctrico como el de comunicación se han tornado vitales, como el agua, el aire, la vivienda, medicinas etc., que los necesitan y utilizan cuotidianamente infantes, jóvenes, adultos y ancianos.

El argumento que tiene el gobierno transitorio para emprender en esta nueva arremetida contra las grandes mayorías que sufragaron a su favor es que las concesiones que se harán por 25 años el Gobierno recibirá cerca de 24.000, millones de dólares más el pago del impuesto a la renta que es del 25% anual, si ese es el desembolso que tienen que hacer la o las adjudicatarias de la licitación, a cuánto ascenderá la utilidad que van a obtener, fácil es comprenderlo que será por lo menos el triple de lo que van a invertir.

En la Presidencia de la República de Camilo Ponce Enriquez-1956-1960- se construyó el Puente de la Unidad Nacional, para incorporar el sur del país al puerto principal por transporte terrestre, la obra se le adjudicó a una empresa italiana que se le concesionó la administración y cobro del peaje por 30 años; debiendo especificar que los estudios y construcción del puente fueron a cargo de la adjudicataria; concluido el plazo se retiraron, pero el puente ya no servía y el gobierno anterior tuvo que construir uno nuevo y al anterior reconstruirlo.

La concesión que se planifica de las empresas eléctricas y la de comunicaciones a empresas nacionales o transnacionales para que las administren es muy preocupante, ya que quienes resulten beneficiados en la licitación, no solo recibirán la mesa servida sino el “banquete servido”, pues, no tendrán mayores gastos porque tanto el servicio eléctrico como el de comunicaciones funcionan con eficiencia, no hay los apagones del pasado y disponemos de energía eléctrica hasta para exportar.

Surge entonces la interrogante, ¿no disponemos de profesionales y personal técnico para que administren nuestros recursos y tenemos que recurrir a las transnacionales hipotecando nuestra soberanía?, o seguimos bogando en el interminable océano de la corrupción, no confiamos en nadie y nos tienen al margen de los problemas que nos afectan a todos.(O).

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