23 / 01 / 2020

Archivo Loja, Ecuador

Pro homine en el caso de médico lojano

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En el año 2008 nace en Ecuador una nueva Carta Magna, la cual sistematiza en la ley madre los derechos humanos, con el principio Pro homine, como protección de las personas, ya que manda a aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional, que más proteja los derechos de las mismas; como normativa constitucional  nutre el resto de ordenamiento jurídico nacional, por lo que es propicio explicitar esto:

La aplicación de Pro homine genera derechos sustantivos y procesales, pues sostiene el artículo 11 de la Constitución del Ecuador, mandando a servidores judiciales a aplicar la norma  e interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia, evidenciándose como generador.  Así, es aplicable mediante la ponderación, si hay conflicto con principios opuestos, a fin de determinar, aquel que requiera mayor protección en el caso concreto. El mismo principio está en el artículo 427 de la Carta Magna, que dispone: “… en caso de duda, se interpreta en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”.  En materia penal opera como “in dubio pro reo”.

En este contexto jurídico y en el caso del médico lojano, quien, en estos días, ha sido sentenciado culpable de abuso sexual, se analiza: El abuso sexual, según el art. 170 del Código Integral Penal (COIP), en el que dice: “la persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella… un acto de naturaleza sexual…” En cualquier otro contexto, el abuso sexual se configura “en contra de la voluntad”, sin embargo, tratándose de la relación médico-paciente, los protocolos para esos procedimientos ginecológicos, prevén y precautelan el derecho de las partes.

En esos casos, el paciente autoriza a la clínica y a sus galenos para que hagan los procedimientos técnicos en intervención médica, entre estos: la sedación, el mismo que suspende la voluntad del paciente, más otros efectos, por lo que, en ese contexto ya no se puede sugerir que, en la sala de operaciones, hubo abuso sexual y este mismo análisis se extiende a todo el procedimiento médico.

En cuanto a la prueba testimonial, documental y pericial, son los juzgadores quienes deben sopesar, no obstante, tanto, médico y paciente tienen derechos, sobre todo, porque no hay pruebas de agresión sexual de parte del médico a la paciente, que destruyan la presunción de inocencia del galeno; los videos no muestran eso, si las imágenes dan indicios de alguna rara intención o práctica médica, no se juzga intenciones si no acciones, por tanto, cabe la duda y opera el principio  in dubio pro reo y el pro homine. (O).

 

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