17 / 11 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

El derecho a la defensa en lo penal

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Cuando un alguien enfrenta un proceso penal, es requisito procesal la defensa técnica, pues esta exigencia precautela la validez del juicio.  La defensa consiste en la actividad que realiza el abogado para asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos o deberes, controla la legalidad del juicio, ejerce el control crítico de la producción de prueba de cargo y descargo, realiza la exposición de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho y recurre las resoluciones judiciales. Jauchen (1995).

No hay proceso penal sin dos partes, acusación y defensa, por lo tanto, es necesaria la participación de la defensa técnica en el proceso, que afirme el ejercicio de este derecho, y siempre se conforma del imputado y el abogado.

Una defensa adecuada no podría provenir del propio imputado, ya que, aunque no está negada la posibilidad de autodefenderse, es necesario poseer los conocimientos para ejercerla, más, si se conoce que el Principio de Contradicción solo da efecto, si proviene de la igualdad de condiciones.

Por lo expuesto, cuando el sujeto pasivo del proceso (la parte imputada) no ha nombrado su abogado de confianza, hay un abogado de oficio, que ejerce la defensa técnica, y tiene las mismas funciones y responsabilidad del abogado de confianza.

La defensa de oficio es un defensor público, y tiene su razón de ser en la importancia de los derechos fundamentales que son afectados con la persecución penal de una persona, y por esto se ha convertido en una exigencia de validez del proceso penal.

La inobservancia de lo expresado hasta aquí, es decir, que no se haya nombrado un abogado de confianza o de oficio, o que cualquiera de estos, no realicen sus funciones o incumplan con las responsabilidades  que asumen en la defensa técnica, dejarían en indefensión al procesado, casos en los que se vulneraría los derechos del imputado; esto está prohibido constitucionalmente y es infracción legal, a más de que anula el proceso.

Es derecho fundamental la defensa procesal, se encuentra garantizado por el artículo 11, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8, inciso 2, parágrafo d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en la normativa ecuatoriana, tanto constitucional como en el resto de normativa jurídica.

Creo imprescindible decir, que  un efectivo ejercicio de defensa, es esencial en el juzgamiento, para garantizar legitimidad procesal, pues, el derecho a la defensa no solamente es subjetivo, sino que tiene la naturaleza jurídica de garantía, dado lo que está en juego, que son los derechos fundamentales de las personas perseguidas penalmente.(O).  

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