18 / 01 / 2020

Archivo Loja, Ecuador

La firma de la traición

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Los ciudadanos en cada acción que realizamos dejamos huella, al acudir a una institución pública o privada entregamos nombres completos, números de cédula, datos de residencia, número de cuentas bancarias, lugar de trabajo y hasta algunos datos de nuestros familiares. Todo la información se registra en el sistema y según la característica del trámite dejamos también estampando nuestra firma, asumiendo algunos compromisos y salimos esperanzados que pronto nuestro trámite se va a concretar. Más la realidad a la que nos enfrentamos resulta ser  distinta.

Terminamos sin darnos cuenta comprometidos en proyectos que jamás soñamos. Por ejemplo hay ciudadanos que resultan afiliados a partidos o movimientos  políticos en los cuales jamás pensó involucrarse, otros con más infortunio terminan vendiendo o donando sus bienes o son testigos de acontecimientos de los que no conocen.

Existen otras acciones fraudulentas como los famosos endeudamientos en función de la famosa letra de cambio en blanco, la puesta de garantías y la hipoteca que termina dejando al confiado ciudadano en la calle, es decir vive de la caridad pública o es visto como un tonto porque se dejó sorprender por la viveza criolla.

El modelo de la corrupción está instalado en el Ecuador. Los afanosos por apropiarse de lo ajeno resultan ser los inteligentes a quienes hay que rendirles pleitesía y  las víctimas del engaño son los tontos que en cierto modo se merecen todo lo que les pasa porque simplemente no se avispan.

Con ese modelo de la inequidad, el subdesarrollo avanza, las acciones fraudulentas se instalan al puro estilo de una película de terror cuya escena es más pavorosa que otra.

La entrega de datos públicos, la filtración de la información y la manipulación son los shows de estreno que actúan bajo el ritmo de la impunidad.

En ese contexto de inseguridad jurídica es preciso tomar precauciones, jamás firmar documentos en blanco, es preciso revisar con prolijidad cada contenido de aquellos que nos piden que firmemos, es imprescindible entregar solo los datos que corresponden.

Los funcionarios de las entidades públicas y privadas no pueden obligar a los usuarios a ejecutar compromisos que no están determinados en sus planes.

Las autoridades gubernamentales tienen la ineludible tarea de proteger los datos públicos, en caso de incumplimiento, tenemos que exigir la reparación de estas vulneraciones que ponen en riesgo nuestra integridad.(O).

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