19 / 09 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Los derechos de participación en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008. II parte

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Existe, sin embargo, una diferencia fundamental que no puede ser dejada de lado.

 

El texto de la nueva Constitución va más allá de establecer, junto a los derechos propios de la democracia representativa (elegir y ser elegidos o formar partidos políticos, por ejemplo), formas de ejercicio directo de la democracia (la consulta y la revocatoria del mandato); unos y otras aparecen, en el diseño constitucional, vinculados por un derecho que la codificación de 1998 no establecía expresamente como tal, el derecho a participar en los asuntos de interés público, que se convierte en una idea presente en buena parte de las normas constitucionales. (Aguilar, 2009).
Como bien lo expresa Ramiro Ávila Santamaría, los derechos de participación guardan relación directa y deben leerse juntamente con lo que establece el Art. 95 referido a la “Participación y organización del poder”. Dicha norma establece:
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008).

Es notable que con esta norma se le otorgue al ciudadano una enorme facultad para estar involucrado en todo asunto de carácter público, aunque es conocido que la sociedad ecuatoriana, pese a tener el derecho, lo desconoce o simplemente no le interesa ser parte de este tipo de procesos. Aunque analizar eso no es el propósito de este ensayo.
Sigamos entonces. Hay algo bastante rescatable en el Art. 95 que nos deja más claro el panorama: nos habla de que estos derechos de participación se ejercerán mediante mecanismos de tres formas de democracia: representativa (el pueblo ejerce su poder mediante las autoridades o representantes a los que eligió); directa (el poder lo ejerce directamente el pueblo en una asamblea); y, comunitaria (las decisiones se adoptan en torno a los propios ordenamientos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas dentro del marco de la Constitución).
Hablando en términos generales, y haciendo una agrupación general de todos los derechos de participación tenemos los siguientes: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato a autoridades de elección popular, desempeñarse en la función pública en base a méritos y procesos transparentes, conformar partidos y movimientos políticos y pertenecer o no libremente a los mismos (Art. 61); derecho al voto (Art. 62). Aquí deseo hacer especial énfasis en que la Constitución de 2008 consagró el voto facultativo para jóvenes de entre 16 y 18 años, lo que es un importante avance en cuanto a participación e incidencia política de este sector, pues en la de 1998 solo se establecía el voto obligatorio para personas de 18 años en adelante. El Art. 63, en cambio, consagra el ejercicio del derecho al voto en el exterior y de personas extranjeras; el Art. 64, contempla la suspensión de los derechos políticos; y, el Art. 65, la representación paritaria de mujeres y hombres que como es lógico, a partir de su expedición en la Constitución de 2008, ha tomado auge en todo ámbito social.
Más adelante, el Art. 95 habla de la forma de participación de los ciudadanos; en el Art. 96, se reconoce toda forma de organización de los ciudadanos para incidir en decisiones, políticas públicas y control social de los distintos niveles de gobierno; el Art. 97, dicta las actividades que las organizaciones sociales podrán realizar; el Art. 98, promulga el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones del poder público de personas naturales o jurídicas que vulneren sus derechos; el Art. 99, habla de la acción ciudadana que, según la propia Constitución, podrá ejercerse en forma individual o en representación de una colectividad cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008).
A partir del Artículo 100, hasta el 107, se contempla o se desarrolla el contenido de los derechos establecidos de forma general en el Art. 95., tales como la presentación de proyectos, la consulta popular, la revocatoria del mandato y la consulta o referéndum. Evidentemente, en todo este tipo de acciones tiene espacio e incidencia el poder ciudadano (…).

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