Con fecha 14 de marzo de 2024, el Municipio de Loja fue notificado por el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, respecto de un nuevo peritaje con la empresa Safety Enforcement. Esta acción establece que el Ayuntamiento debe pagar USD 6’795.996,10.

Circunstancias

Max Ochoa Jiménez, procurador síndico municipal, afirmó que dicho peritaje no es dirimente, es decir, definitivo, solo nos han remitido para que tengamos conocimiento.

“Tuvimos un término de tres días para contestar con las observaciones que encontramos en el peritaje y se trabajó en el documento, en el que se volverá a ratificar que no se debe pagar ningún rubro a la mencionada empresa; igual como se hizo en el primer peritaje”, dijo.

Mencionó que este proceso radica en una acción de protección totalmente desnaturalizada, que igualmente está con una acción extraordinaria en la Corte Constitucional.

El funcionario afirmó que en las administraciones anteriores ya se hizo dos peritajes que arrojaban un valor a pagar de USD 13 millones; “sin embargo, nosotros emitimos todas las justificaciones de las multas que han sido impugnadas, anuladas e hicieron llegar a la perito, la cual corroboró que hasta el momento se le ha pagado el porcentaje que establece el contrato de concesión —que es de 45% para la empresa—. Es más, hasta ahora se le encuentra cancelando valores”, puntualizó.

Safety hizo llegar una documentación que no tiene firma de responsabilidad, sin sustento ni certificación alguna, en la que se detalla que el Municipio adeuda valores que no se han pagado y que superan los USD 6 millones y medio.

El concejal Santiago Erráez Veintimilla añadió que la nueva perito habría estado a inicios de año 2024 en la ciudad de Loja efectuando dicho procedimiento y los funcionarios municipales conocían de su estadía.

“Ahora, la actual administración deberá trabajar para evitar que los recursos vayan a la empresa, porque es el doble de lo anunciado anteriormente si al final pierde el Municipio.

“Creo que esos dineros tendrán que ser pagados por los responsables del contrato, caso contrario, al final, los lojanos seríamos los perjudicados debido a que nos quedaríamos sin recursos para obras”, concluyó. (I)