
La organización Acción Feminista por la Paz, el año pasado, interpuso una acción de protección en contra del Municipio de Loja —con la finalidad de que haya paridad de género dentro de su equipo de colaboradores—. Tras el fallo a favor de las mujeres, desde el Ayuntamiento señalan que la sentencia es parcial y queda a potestad del alcalde efectuar los cambios o no.
Circunstancias
El artículo 65 de la Constitución de la República del Ecuador establece la paridad de género en la participación de las mujeres dentro de las entidades, en este caso el Municipio de Loja.
En este sentido, Luis Beltrán Guevara, procurador síndico, señaló que la acción de protección que presentó Acción Feminista por la Paz fue aceptada, en parte, por el juez constitucional. En la comparecencia, se emitió el fallo de manera verbal; la misma que deberá ser ratificada en la notificación formal a las partes.
Durante el proceso se entregó toda la información al juez para que sea analizada y emita su veredicto. El lunes 03 de junio fueron convocadas las partes y el magistrado aceptó la acción de protección —de forma parcial—, porque la organización requería que la paridad se dé en los puestos directivos y de apoyo a la autoridad.
Sin embargo, el juez dictaminó únicamente que se dé a nivel jerárquico superior y deja a potestad del alcalde tomar la decisión de cumplir con el número de puestos en los cargos directivos, explicó el funcionario.
Por su parte, el abogado defensor de la agrupación de mujeres, Juan Carlos Castillo, refirió que el fallo ordena al burgomaestre a designar a servidores de libre nombramientos y remoción: directores, subdirectores, coordinadores, jefes departamentales y personas que están en primera línea de apoyo al alcalde; respetando el principio de paridad, esto es, 50% hombres y 50% mujeres, para que puedan desarrollar las respectivas funciones.
Al no existir fechas fijas, estiman su inmediato cumplimiento, sin perjuicio de que exista un recurso de apelación de por medio. “De no hacerlo, habría consecuencias legales contra la autoridad”, refirió.
Conminan a las autoridades de otros municipios a verificar este tema, ya que, el caso de Loja podría ser un precedente para exigir su aplicación en donde no estén cumpliendo con lo establecido en la Constitución.
