Loja es la tercera provincia, a escala nacional, en donde el Consejo de la Judicatura paga más por concepto de canon de arrendamiento; al mes, alrededor de USD 23 mil. Abrirán un concurso para disminuir la cancelación por estos espacios.

Circunstancias

En el edificio del Consejo de la Judicatura (CJ) de Loja, siempre había operado la Función Judicial y todas sus dependencias; sin embargo, para construir el actual inmueble (Colón entre Sucre y Bolívar), el anterior fue demolido e inaugurado en 2012.

A decir del director provincial del CJ, Pablo Piedra Vivar, en este nuevo espacio remodelado, ya no entraba la Corte Provincial de Justicia, archivo general y varias de las unidades judiciales, lo que llevó a las autoridades a arrendar inmuebles, es decir, que desde 2012 hasta el 2024 se han pagado más de USD 3 millones a escala provincial.

“La dirección nacional administrativa, en marzo de 2024, generó un informe sobre los canones de arrendamientos y determinó que Loja es la tercera provincia del país que más paga. El arriendo mensual se sitúa alrededor de los USD 23 mil”, dijo.

Ante la situación, se encuentran organizando un conjunto de procesos de contratación especial de arrendamiento, con un estudio de mercado actualizado, que permita la reducción del costo del arriendo.

Por ejemplo, en marzo se vencía un contrato de arrendamiento donde funcionaba la Corte Provincial de Justicia; por ese inmueble venían pagando mensualmente USD 10 mil desde 2012 hasta el 2021; luego en 2022 se redujo a USD 9.166; 2023, USD 8.642 y actualmente USD 8.500.

“En este caso, hubo un concurso que llegó casi a la etapa pre-contractual, pero los tiempos nacionales hicieron que sea paralizado por las observaciones y al final fue declarado desierto, por lo que volverán a hacer uno nuevo con las mismas condiciones, que se lanzará en la presente semana y a finales de septiembre se conocerán los ganadores”, refirió.

El director añadió que los interesados deben conocer que el presupuesto referencial es de alrededor de USD 5.500, lo cual es una reducción de un 45%, con respecto a los anteriores valores.

El jurista Sergio Coello aspira que el nuevo concurso sea transparente y que los recursos que logren obtener por la reducción de los arriendos sean utilizados para beneficio de las unidades judiciales e implementos para una adecuada atención, la misma que está entredicha por lo lento que son despachados los procesos. (I)