La Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate de Lavado de Activos, denominada por el Ejecutivo como “Ley Antipillos”, ya está publicada en el Registro Oficial. Juristas afirman que solo la Corte Constitucional podría frenarla “por inconstitucional”.

Norma

Con 80 votos el correísmo, el movimiento de centroderecha Construye y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), entre otras bancadas; prenombrado proyecto fue archivado, pese a ello, a través de decreto 477, el presidente Daniel Noboa promulgó la Ley en el Registro Oficial.

Daniel González Pérez, abogado Constitucionalista, señaló que la Asamblea Nacional es la entidad encargada de conocer, aprobar y observar cualquier proyecto de ley, “si bien el Ejecutivo tiene la iniciativa de proponer, el Legislativo posee la facultad de aprobarla, rechazarla o archivarla, como fue el caso”, debido a que se basaron en la Ley Orgánica de Función Legislativa.   

“Se ha dispuesto la publicación en el Registro Oficial inobservando la normativa. Esto ocasiona que los estamentos estatales deban aplicarla, por ejemplo, crear un impuesto para la comercialización de carros usados o nuevas regulaciones a clubes deportivos y cambios para el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre otros”, dijo.

Y, detalló que lo que procede, en los actuales momentos, es una demanda de inconstitucionalidad de la norma, en razón de haber “violentado el procedimiento”, y la Corte Constitucional pueda emitir una medida de suspenderla, hasta analizar el fondo de la misma.

Sin embargo, “el problema que surge es el tiempo, porque cuando la Corte Constitucional ha deseado, ha dado prioridad a ciertos temas; pero también puede ser que demore muchos años, mientras tanto, ya está aplicándose”, aseveró.

Por su parte, el abogado penal Andrés Girón mencionó que la denominada “Ley Antipillos” vulnera los principios de la propia democracia del país, esto porque el mandatario, “pese a todo pronóstico, decidió publicarla y no cumplió el debido procedimiento de los dos debates”.

A la par, “la norma trae consigo más impuestos al pueblo”, especialmente a quienes desean invertir, emprender o adquirir un vehículo usado.

“Concuerdo en que la única vía para tratar de frenar la normativa es la Corte Constitucional, allí deberían actuar los legisladores, quienes representan al pueblo”, refirió.

La situación es delicada, debido a que, contrario a lo anticipado, la Ley está vigente y las entidades deberán ajustar las políticas y empezar a aplicarla. (I)