El lunes 02 de junio, la portavoz oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo Garcés, anunció cinco medidas dispuestas por el presidente Daniel Noboa enfocadas en sectores estratégicos, entre ellos, la reapertura por fases del catastro minero. Criterios divididos entre ciudadanos y las Cámaras.

Circunstancias

Luego de siete años y cuatro meses del cierre del catastro minero (2018), el Gobierno Nacional anunció su apertura —se hará por fases—. El 16 de junio de 2025 iniciarán con la pequeña minería no metálica; en septiembre la metálica; y, hasta fines de año estará abierto todo el catastro.

A decir del presidente de la Cámara de Minería Zamora Chinchipe, Paúl Pineda Cordero, tras un análisis en territorio tienen la expectativa que la apertura no va a beneficiar o solucionar los problemas de la minería ilegal que hay en la provincia. “Zamora Chinchipe tiene 10.584,28 km2, del cual el 36% está concesionado, 50% corresponde a áreas de protección, bosques protegidos y centros poblados y el porcentaje restante (14%) queda libre”, detalló.

El 20 de enero de 2018 se cerró el catastro minero hasta la fecha, sin embargo, el mismo Gobierno Nacional anunció que encontraron alrededor de 268 títulos entregados cuando el proceso estaba cerrado, “a quienes fueron adjudicados se desconoce, los verdaderos mineros de la región nunca fueron beneficiados”, cuestionó.

Si bien es una gran noticia, la medida solucionaría en un mínimo porcentaje, por ello, siempre el pedido fue la actualización del censo minero para conocer dónde están los mineros, quienes son, ya que al final permitiría un orden en la minería.

En cambio, el presidente de la Cámara de Minería de Loja, Fabián Rodríguez Guerrero, señaló que era necesario reabrir el catastro porque ayudará a transparentar las cosas y recibir inversión con proyectos grandes tanto del país o el extranjero. En definitiva, habrá la seguridad jurídica donde los mineros tendrán obligaciones como cumplir con las medidas ambientales, pagos, regalías, cuidado ambiental; y, derechos como disminución en impuestos en la compra de maquinaria y más. Además, reduciría la actividad minera ilegal porque los ciudadanos podrán registrarse y cumplir con las normativas vigentes. 

Apoyo

En ese ámbito, la provincia de Loja es un territorio de minería, aunque en baja escala. Según Clemente Ríos, ciudadano dedicado a la actividad minera en una de las concesiones ubicadas en el cantón fronterizo de Macará, refirió que la apertura les ayudará a regularizarse, pues existe un gran número de personas que esperaban esta oportunidad para extraer los minerales del subsuelo basados en las normas, caso contrario siempre los llamaban ilegales y laboraban con el temor de ser detenidos.

“En nuestro territorio de Macará, así como Zapotillo, Calvas, entre otros, existe grandes espacios para la actividad minera, pero muchos de estos sitios, al no existir control persiste la inseguridad. Aspira que desde el 16 de junio haya más control, a la par, emitan la información que las entidades requieren a fin de legalizar la actividad”, refirió.(I).   

Croninúmero

Alrededor de 7 años y 4 meses estuvo cerrado el catastro minero.

La lucha contra la extracción ilegal debe ser sostenible y por esta razón se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera, cuyos porcentajes varían dependiendo del régimen, fase y número de hectáreas, aplicada para la pequeña, mediana, gran minería y régimen general.