La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, a través de sus autoridades, rechazó la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública y en particular sobre la Disposición Transitoria Décima Primera, la cual representa un grave riesgo para la autonomía, el modelo democrático y la esencia del sistema cooperativo del Ecuador.

A decir, de Juan Carlos Urgiles, gerente general de la Cooperativa, la entidad es heredera de un proceso social de más de 50 años, nace de un proceso construido en diferentes localidades del país, principalmente rurales y suburbanos.

“En 1993 cuando fruto de un trágico evento natural conocido como el Desastre de la Josefina, que afectó al cantón Paute y la provincia del Azuay en casi toda su extensión. Hubo la unión de ciudadanos visionarios que recogieron los recursos de diferentes localidades y empezaron dar oportunidades a las personas con proyectos, empleo y más convirtiéndose en lo que es hoy la Cooperativa, una entidad de servicio”, dijo.  

En ese contexto, estamos preocupados que en menos de tres o cuatro días una Comisión de la Asamblea Nacional -reuniéndose inclusive el domingo- decide lanzar al pleno la Ley de Integridad Pública, que incorpora en la Disposición Transitoria Décima Primera, la obligación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria defina las regulaciones para que las cooperativas que con carácter de sistémicas pasan al control de la Superintendencia de Bancos, “pero cambie la personería jurídica y pasen de ser una sociedad de personas a una sociedad plutocrática, en donde el que más tiene, es el que gana y gobierna, con ello, contraviene de manera flagrante la Constitución”, añadió.

Considera que en estamos que en los momentos críticos como vive el país, en lo social, económico, financiero, humano, familiar, ecológico y aunar un problema más no ayuda a construir la sociedad de paz, afecto y sociabilidad.

“Nosotros estamos abiertos a mejorar los sistemas de seguridad, control y participación en este tipo de organizaciones, más aún porque respondemos a 815 mil socios que conforma la Cooperativa”, añadió.

Por su parte, Lucas Achig, presidente de la Cooperativa,  acotó que la norma quiere anular todo el trabajo y servicio en la comunidad de las cooperativas y en este caso de Jardín Azuayo, por ello, “hemos hecho una cruzada para dar todos los elementos jurídicos e ir contrarrestando la forma inconstitucional, antitécnica, no socializada de la Ley”.

Esta seguro que la Cooperativa Jardín Azuayo va a ser manteniendo los principios, valores y seguir sirviendo a la sociedad y los socios que son la razón de ser de la entidad.

Demanda

Indicaron que la Unión de Cooperativas del Sur (Ucacsur) y Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en la que forman parte, presentarán la demanda de inconstitucionalidad, entre el viernes 03 de julio o el lunes 07. Aspiran sea acogida en un periodo corto para su análisis y pronunciamiento.(I).