El proceso para la deportación de personas privadas de la libertad (PPL) en el país continúa y en Loja ya superan los 25 extranjeros, especialmente colombianos. Faltarían alrededor de 60 de otros países, la mayoría de Venezuela.

Circunstancias

La madrugada del viernes 25 de julio de 2025, el Bloque de Seguridad brindó asistencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para la salida, traslado y deportación de 19 ciudadanos extranjeros con boleta de excarcelación, desde el Centro de Privación de la Libertad N° 1 hasta el puente Internacional de Rumichaca; y, el último martes sumaron 5 más (3 hombres y 2 mujeres).

A decir de Alexandra Jara Minga, gobernadora de Loja, a Diario Crónica, la acción se efectuó gracias a la gestión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Esto es positivo para la provincia, en vista que eran personas con altos niveles de peligrosidad y podría traer problemas en Loja, hemos actuado con responsabilidad y respetando sus derechos”.

También en permanente coordinación ejecutan operativos a lo externo e interno del centro con la finalidad de evitar altercados o ingresos de objetos prohibidos.

De igual manera, las operaciones contra actos delictivos de venta de droga, contrabando y minería ilegal, las han intensificado e insta a la ciudadanía denunciar al 131.

Más reos

En ese ámbito, en la cárcel de Loja quedarían alrededor de 60 extranjeros unos 35 a 40 venezolanos, 20 entre peruanos, colombianos y otras nacionalidades. El mayor número está concentrado en personas de nacionalidad venezolana, sin embargo, al no existir convenios o conversaciones con los gobiernos de estos países no pueden deportarlos y seguirán cumpliendo su pena en la cárcel local.

Agua potable

Por otro lado, la gobernadora también es consciente de la problemática de la escasez de agua potable que soporta la ciudad de Loja. “Nosotros estableceremos acciones para que la ciudadanía conozca que las autoridades de Gobierno estamos actuando, además, vamos a formar otros puntos de acción para verificar técnicamente que los problemas suscitados en las conducciones se deben a la tubería y que no existen terceras personas causando perjuicio”, advirtió.

Recordó que el daño -sí es causado- no lo están provocando a una administración o un gobierno sino a la ciudadanía, porque los habitantes son los afectados directos.(I).