Hoy, 27 de agosto, se cumplen seis años desde que el cabildo lojano declaró al cantón libre de minería metálica. Para conmemorar la fecha, colectivos comunitarios y organizaciones sociales convocaron a una marcha que iniciará a las 09h00 desde el Parque de la Madre, con la participación de habitantes de Gualel, el Frente Nacional Antiminero y diversas agrupaciones que buscan pronunciarse en contra de “las políticas extractivistas del gobierno nacional”.

Reclamos

A seis años de aquella declaratoria, los colectivos comunitarios denuncian que la resolución no ha pasado del papel y que el compromiso asumido por el Concejo Cantonal no se ha cumplido en la práctica.

Narcisa Sinche, integrante del colectivo Comunitarias del cantón Loja, explicó que, como parte de la conmemoración, la tarde del 26 de agosto realizaron un bordado colectivo para visibilizar el incumplimiento de la resolución de 2019.

“Estamos aquí para que el Municipio de Loja nos rinda cuentas sobre la declaratoria. Si bien no tiene mecanismos para hacerse realizable, tiene una importancia simbólica porque nos permite crear conciencia y compromiso ecológico frente a la problemática de la minería metálica en el cantón”, manifestó.

Las integrantes señalan que, pese a la aprobación, han pasado varias administraciones municipales —Jorge Bailón Abad, Patricia Picoita, Franco Quezada y ahora, la alcaldesa Diana Guayanay— sin que concreten un plan de acción para su cumplimiento. “Ni siquiera sabemos cuál es la postura de la alcaldía actualmente frente a este problema”, enfatizó.

Mapeo

El colectivo asegura haber identificado, mediante el catastro minero, la existencia de tres corredores mineros en la provincia de Loja, distribuidos en aproximadamente 127.000 hectáreas concesionadas a empresas transnacionales de Australia, Canadá y China. ‘Aunque muchas de estas concesiones se encuentran en fase de exploración, ya generan impactos sociales y ambientales graves al contaminar agua, suelo y aire’, dijo.

A través del bordado colectivo, las asistentes realizaron un ejercicio de cartografía con un mapa de la provincia en el que bordaron los territorios afectados por concesiones mineras. “Creemos necesario que no se puede defender lo que no se conoce. Por eso le explicamos a la gente cuáles son las concesiones mineras que afectan no solo a la naturaleza, sino también a las comunidades”, señaló.

Contexto legal y resolutivo

Cabe recordar que, en la sesión de cabildo del 27 de agosto de 2019, el Concejo Cantonal aprobó por unanimidad la “Resolución para proteger las fuentes de agua, humedales, bosques y zonas de recarga y regulación hídrica”, luego de recibir a una comisión de defensores del cerro Fierro Urco.

En dicho documento establecieron la prohibición de actividades de minería metálica en páramos, fuentes hídricas y ecosistemas frágiles del cantón, con el objetivo de preservar el recurso hídrico y la biodiversidad. La resolución incluyó ocho artículos, entre ellos: declarar libres de minería metálica los páramos y fuentes de agua; solicitar información oficial a ministerios y agencias de control sobre concesiones; realizar estudios técnicos y científicos en zonas frágiles; conformar una comisión técnica entre el municipio y organizaciones sociales; y exigir al Gobierno Nacional la suspensión de concesiones dentro del cantón. También dispusieron actualizar planes de desarrollo y uso de suelo para que estén en concordancia con esta declaratoria.

Cronidato

Según el colectivo, hasta diciembre de 2022 la provincia de Loja registraba 644 derechos mineros, de los cuales 25 correspondían a gran minería, 2 a mediana minería, 95 a pequeña minería y 464 a minería artesanal, además de 58 permisos de libre aprovechamiento. Los defensores ambientales advierten que, con la reapertura del catastro minero, existe el riesgo de que el número de concesiones aumente.

La integrante del colectivo detalló que el corredor 1 comprende la cordillera de Fierro Urco, ubicada entre los cantones Loja y Saraguro, y que también afecta a Portovelo y Zaruma. En esta zona existirían alrededor de 27.000 hectáreas concesionadas, con cuatro empresas en fase de exploración. El corredor 2 se encuentra en los cantones Olmedo, Paltas, Celica y Macará, donde se estima la concesión de unas 60.000 hectáreas. Finalmente, el corredor 3 abarca los cantones Gonzanamá, Calvas y Espíndola, con aproximadamente 40.000 hectáreas concesionadas.