Benjamín Macas González, integrante del Frente Nacional Antiminero Loja, anunció la convocatoria a un plantón para hoy, 19 de febrero, desde las 09h00 en el parque central de la ciudad, con el objetivo de exigir el archivo del Proyecto de Ley de Fortalecimiento Minero. La organización advierte que la propuesta, enviada con carácter de ley económica urgente, aceleraría la expansión minera, pondría en riesgo fuentes de agua y representaría reformas estructurales en materia ambiental y de seguridad.

Análisis

En entrevista con Diario Crónica, el representante del colectivo —que se define como un movimiento en defensa del agua, el alimento, la memoria y el territorio— expresó su preocupación por el alcance de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. A su criterio, la propuesta no se limita a simplificar trámites, sino que introduce cambios profundos en el sistema de control ambiental, en el régimen de concesiones y en la gestión territorial.

Aunque el Gobierno sostiene que la reforma busca superar trabas regulatorias, reducir la fragmentación normativa, fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión y frenar la expansión de la minería ilegal, desde el Frente consideran que los cambios planteados son estructurales y podrían debilitar garantías ambientales.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la reducción de cuatro a dos fases en el desarrollo minero: exploración y explotación. Además, la reforma al artículo 26 plantea reemplazar la licencia ambiental por una autorización ambiental conforme al régimen y fase aplicable.

El Ejecutivo argumenta que exigir instrumentos ambientales complejos en etapas iniciales resulta desproporcionado y genera demoras, duplicidad de trámites y altos costos regulatorios. Según la propuesta, la sustitución no reduciría estándares de protección, sino que permitiría concentrar el control en fases de mayor impacto. Sin embargo, el Frente advierte que esta modificación podría flexibilizar controles en territorios ambientalmente sensibles.

El proyecto también introduce cambios en el régimen económico minero ya que reforma el pago de la patente de conservación, que deberá cancelarse sin prórrogas hasta marzo de cada año, e incorpora una estructura progresiva de tasas según la fase del proyecto. Desde el Gobierno señalan que esto mejorará la liquidez estatal, reducirá la especulación con concesiones y fortalecerá la recaudación fiscal.

Otra de las disposiciones crea la figura de clústeres mineros integrales, concebidos como plataformas que integren infraestructura energética, logística e insumos estratégicos para dinamizar economías locales. Asimismo, incorpora la figura de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, que contempla el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar operaciones legales frente a la minería ilegal, el sabotaje y ocupaciones ilícitas.

La iniciativa también establece nuevas condiciones para el desembolso de regalías a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes deberán registrar previamente los proyectos de inversión social ante el ministerio sectorial. Además, redefine el régimen de minería artesanal, estableciendo permisos improrrogables y la obligación de migrar a pequeña minería cuando la actividad se mantenga en el tiempo, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y ampliar la base tributaria. Finalmente, dispone la actualización del catálogo ambiental en un plazo máximo de tres meses para actividades vinculadas a la exploración.

Desde la perspectiva del Frente Nacional Antiminero Loja, estas reformas no solo apuntan a dinamizar la economía, sino que podrían facilitar una expansión minera más amplia en el territorio.

Macas recordó que en Loja existen concesiones en la cordillera de Fierro Urco, zona que abastece a las principales cuencas hidrográficas del sur: Catamayo, Puyango, Jubones y la que desemboca en el río Zamora Santiago. A ello se suman áreas concesionadas en el Parque Nacional Podocarpus, en el Colambo-Yacuri y en cantones como Calvas, Sozoranga, Paltas y Macará.

“El agua se recarga en las cumbres de las montañas; si estas zonas están concesionadas, se pone en riesgo nuestras fuentes hídricas y la producción de alimentos”, sostuvo.

A la par, añadió que el cantón Loja fue declarado libre de minería metálica y que permitir una mayor actividad extractiva iría en sentido contrario a esa decisión ciudadana.

Como antecedente, mencionó lo ocurrido en la provincia de El Oro, donde —según indicó— estudios promovidos por pequeños productores bananeros detectaron niveles de metales en el agua cercanos a los límites permitidos, lo que podría derivar en afectaciones a la salud.

El dirigente también alertó sobre sobrevuelos de helicópteros en la cordillera oriental, hechos que el colectivo asocia con la reapertura del catastro minero.

Frente a lo que califican como una amenaza ambiental y sanitaria, el Frente Nacional Antiminero Loja reiteró el llamado a la ciudadanía a participar en el plantón de este 19 de febrero en el parque central, con el fin de exigir el archivo del proyecto de ley.