A cien días del cierre de la frontera entre Ecuador y Perú, los cantones de Macará y Zapotillo enfrentan una profunda crisis económica y social. La medida, adoptada por el Gobierno nacional bajo argumentos de seguridad, impacta de forma directa en territorios cuya dinámica depende del comercio, el turismo y la integración binacional.
Circunstancias
El bloqueo fronterizo dispuesto el 24 de diciembre de 2025 tomó por sorpresa a los ciudadanos de la frontera, han pasado cien días de la medida y no hay indicios de su pronta reapertura.
Patricio Luzuriaga, ingeniero y representante del sector productivo de Macará, advirtió en diálogo con Diario Crónica que la paralización de actividades afecta de manera severa a la población. La suspensión del transporte internacional entre Loja y Piura, junto con la drástica reducción del flujo comercial y turístico, configura un escenario de incertidumbre.
“La economía local gira en torno al intercambio comercial y la prestación de servicios principalmente. Hoy, ese engranaje permanece detenido. Además, la falta de decisiones concretas tras la visita del presidente Daniel Noboa Azin a Loja incrementó la preocupación ciudadana”, dijo.
El impacto también alcanza al sector turístico y de salud. “Habitantes del norte peruano solían acudir a Macará en busca de atención médica, lo que dinamizaba la economía en hoteles, restaurantes y otros servicios. Actualmente, esa actividad permanece prácticamente detenida, lo que reduce ingresos y limita oportunidades laborales”, añadió.
Cuestionó el carácter de la medida gubernamental, porque responde a criterios políticos antes que técnicos. “Considero que, en lugar de un cierre total, pudo implementarse un sistema de control biométrico en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), infraestructura que costó cerca de USD 18 millones y hoy permanece subutilizada”. A ello sumó la falta de fortalecimiento en los controles de seguridad, situación que, según afirmó, ha favorecido el incremento de actividades ilegales.
“La restricción no detuvo el flujo comercial informal. Ante la necesidad, ciudadanos cruzan por el río, incluso en temporada invernal, lo que genera riesgos graves y posibles tragedias.
Sin autoridades
En el ámbito político, el ciudadano criticó la inacción de autoridades locales y nacionales. “La ausencia de liderazgo por parte de alcaldes, así como el silencio de asambleístas y representantes del Ejecutivo”. También cuestionó la falta de convocatorias a espacios de debate y fiscalización que permitan analizar la medida y exigir rendición de cuentas a los ministerios involucrados.
En cambio, el sector productivo, a través de gremios como cámaras de comercio e industrias, ha impulsado reuniones con autoridades nacionales. Sin embargo, los resultados aún no son visibles. Propuestas de apoyo económico para los sectores afectados no se concretan, mientras la situación de las familias continúa deteriorándose.
Según estimaciones locales, alrededor del 45% de los hogares de Macará y Zapotillo depende directamente del comercio fronterizo.
“A pesar de compromisos establecidos en la Constitución de 2008, que priorizan el desarrollo de territorios fronterizos, las políticas públicas no logran materializarse. Persisten deficiencias en infraestructura básica, como sistemas de agua potable y saneamiento, además del deterioro de vías estratégicas como la Macará-Saucillo, de competencia del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)”, puntualizó.
También la Ley de Desarrollo Fronterizo, vigente desde hace siete años, tampoco alcanza aplicación efectiva debido a la falta de financiamiento y voluntad política. Este escenario incrementa la percepción de abandono entre los habitantes de la región.
El ciudadano hizo un llamado a las autoridades locales para priorizar la situación fronteriza sobre intereses electorales. Planteó la necesidad de convocar una asamblea provincial que fortalezca la presión política y permita gestionar soluciones concretas ante el Gobierno nacional.(I).
La frontera Ecuador-Perú se cerró el 24 de diciembre de 2025.