Cuatro muertes en menos de tres meses de 2026 dentro del Centro de Privación de la Libertad de Loja encienden alertas sobre el control interno, además, del ingreso de objetos prohibidos y la eficacia de las políticas de rehabilitación en Ecuador. Hay desesperación en las familias.

Situación

El sistema penitenciario local enfrenta un nuevo episodio de violencia -silenciosa-. Hallaron sin vida a Luis Miguel B. G., de 31 años, oriundo de Vilcabamba, ocurrido el sábado 07 de febrero de 2026. El cuerpo apareció en el pabellón E, celda 16, del centro de privación de libertad de Loja. Él cumplía prisión preventiva por su presunta participación en un delito de asesinato.

El hecho no constituye un caso aislado. Durante la semana anterior, otro interno perdió la vida en circunstancias desconocidas, lo que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad al interior del recinto. La familia aún desconoce las circunstancias de la muerte y exigen justicia.

La situación alcanzó un punto crítico el martes 31 de marzo de 2026, cuando dos personas privadas de libertad fallecieron en el mismo centro carcelario.

Uno de los casos corresponde a Walter R. A., de 54 años, hallado sin signos vitales en horas de la mañana. La alerta activó protocolos de seguridad y motivó la intervención de la Policía Judicial, entidad que levantó indicios con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, las autoridades confirmaron en horas de la noche del mismo día, la muerte de René E. M., otro interno cuya situación permanece bajo indagación.

Las investigaciones derivaron en la aprehensión de Anderson Ch. V. y de Elías S. R., provenientes de El Oro y Guayas, quienes enfrentarán una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de asesinato.

Análisis

En ese contexto, Sandra Jiménez Cabrera, exdirectora del Centro de Privación de la Libertad de Loja, ofreció una visión crítica sobre el deterioro del sistema. Durante su gestión, según afirmó, existía hacinamiento, aunque prevalecía un ambiente de estabilidad basado en el diálogo y el cumplimiento normativo. Destacó que la comunicación directa con los internos y la claridad sobre las consecuencias legales de sus actos permitían mantener el orden.

En contraste, la exfuncionaria advirtió un evidente debilitamiento institucional en la actualidad. Atribuyó parte del problema a fallas en los controles internos, particularmente en el proceso de selección del personal penitenciario, ya que ingresa quien desea.

Añadió que la presencia de armas blancas, dispositivos móviles, sustancias ilícitas e incluso armas de fuego dentro del recinto plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia, debe existir complicidad para que objetos prohibidos puedan ingresar. 

Jiménez Cabrera valoró positivamente la implementación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, normativa que promueve oportunidades laborales para las personas privadas de libertad como vía para la reinserción social, por ejemplo, trabajar para conseguir sus propios alimentos. Sin embargo, insistió en la necesidad de reforzar los filtros de ingreso y garantizar la transparencia en la administración del sistema.(I).

En 1954, la cárcel de Loja fue construida para 400 personas; en 2019 superan los 1,100 reos, es decir, un hacinamiento de más o menos el 300%.

En 2026 abrían alrededor de 750 presos.