El ingreso de objetos prohibidos a los centros de privación de libertad continúa siendo una problemática constante en Ecuador. A pesar de los operativos y controles, el hallazgo de artículos ilícitos dentro de las cárceles sigue generando preocupación y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema.
Problemática
En Loja, la situación no es diferente. En el Centro de Privación de Libertad N.° 1, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas decomisan con frecuencia celulares, sustancias sujetas a fiscalización, pipas artesanales e incluso, recientemente, armas de fuego, lo que pone en duda los controles y el verdadero alcance del proceso de rehabilitación social.
Uno de los principales problemas es la sobrepoblación. El centro penitenciario de Loja fue diseñado para albergar a unas 400 personas, pero actualmente supera esa capacidad.
A pesar de esto, el centro mantiene programas de rehabilitación enfocados en salud, educación, trabajo y apoyo psicológico, con el objetivo de lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad.
¿Cómo ingresan los objetos?
El coronel en servicio pasivo y experto en seguridad, Francisco Mesías, manifiesta que existen diversos mecanismos utilizados para el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel. Entre los más comunes están el ocultamiento en partes íntimas, el camuflaje en alimentos o pertenencias, y los llamados “bombazos”, es decir, lanzamientos desde el exterior hacia el interior del centro, generalmente en la madrugada.
También indica que, en algunos casos, personas privadas de libertad que han cumplido un porcentaje de su condena y acceden a ciertos beneficios pueden ser utilizadas para facilitar el ingreso de estos objetos, aprovechando mayores niveles de movilidad o confianza dentro del sistema.
En cuanto al consumo, Mesías explica que las pipas artesanales —utilizadas principalmente para consumir marihuana— son comunes dentro del centro y elaboradas con materiales simples como madera, esferos o pequeños tubos, adaptados de forma improvisada.
Además, no descarta la posible participación de visitantes, personal vinculado a servicios o incluso redes internas, lo que refleja la complejidad y el nivel de organización detrás de estas prácticas.
Redes delictivas y control interno
La abogada y exintendenta General de Policía de Loja, Enma Santamaría León, advierte que detrás de estos hechos existen organizaciones delictivas que buscan mantener el control dentro de los centros penitenciarios.
Señala que es una “lucha constante”, ya que mientras las autoridades detectan nuevos métodos, estas estructuras desarrollan formas más ‘creativas’ para ingresar objetos. Según explica, los intereses son principalmente económicos y responden a dinámicas complejas que requieren un abordaje integral.
De esta forma, el ingreso de objetos prohibidos en las cárceles sigue siendo un desafío que parecería no tener una solución definitiva. La combinación de sobrepoblación y redes delictivas mantiene en evidencia una problemática estructural que impacta directamente en la seguridad y en el proceso de rehabilitación.
Cambios en la seguridad
Es importante recordar que desde el 9 de enero de 2024, durante el gobierno de Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad en las cárceles tras la declaratoria de conflicto armado interno. Sin embargo, desde el 10 de agosto de 2025, los militares fueron retirados de varios centros, incluido el de Loja, quedando nuevamente bajo control de la Policía Nacional.
Luego, el 19 de noviembre de 2025, en un operativo realizado en la madrugada, las 83 mujeres privadas de libertad del pabellón Santa Martha fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social de Azogues, en la provincia del Cañar, bajo un fuerte contingente policial.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles con penas de uno a tres años de prisión, tanto para quien los introduce como para quien los posee dentro del centro. Además, cuando una misma acción configura varios delitos, se aplica la sanción más grave.