Lo que parecía una mañana normal, este lunes 20 de abril de 2026, se transformó en una jornada de protesta en el Centro de Transferencia Comercial Mayorista de Loja, conocido como Puerto Seco, ubicado en el barrio El Plateado, al occidente de la ciudad. Las actividades comerciales se vieron interrumpidas por un plantón de los adjudicatarios, quienes exigían ser escuchados por las autoridades.
El equipo periodístico de Diario Crónica se trasladó al lugar para constatar lo sucedido. En el sitio se encontraban el Cuerpo de Agentes de Control Municipal y la Policía Nacional, con el objetivo de evitar que la situación escalara a mayores.
Situación
Cristian Granda, comerciante dedicado a la venta de aguacates, explicó que trabaja en este centro desde 2020, cuando fueron trasladados desde el mercado Pequeño Productor. Según relató, el cambio se dio bajo el argumento de mejorar sus condiciones, pero al llegar —aseguró— encontraron un espacio en malas condiciones. “Nos dijeron que sería un mejor lugar, pero esto era un lodazal. Nosotros mismos hemos tenido que hacer cubiertas con nuestros propios recursos, y recién el año pasado colocaron el asfalto”, cuestionó.
Añadió que desde su llegada han tenido que pagar un canon mensual de USD 150, pese a que, en ese entonces, no contaban con servicios básicos ni seguridad. A esto se suma la intención de incrementar los arriendos y la propuesta, planteada a finales de 2025, de implementar un cobro por control de acceso vehicular, similar a un peaje. Según Granda, esta medida ha provocado una caída en las ventas. “Lejos de atraer clientes, los ahuyenta. Nos toca quedarnos con la mercadería e incluso rematarla”, afirmó. También indicó que algunos transportistas evitan ingresar al centro, lo que complica aún más la comercialización.
Recordó que meses atrás ya realizaron un plantón por estas mismas inquietudes y que la protesta se retomó esta semana ante la posibilidad de que se avance con pruebas para implementar el cobro. “Hemos buscado dialogar en varias ocasiones con la alcaldesa, pero no hemos tenido respuesta”, señaló, justificando así el cierre de los accesos como medida de presión.
Alrededor de las 12h00, una delegación de adjudicatarios se reunió con la alcaldesa Diana Guayanay para exponer sus demandas. Sin embargo, no alcanzaron soluciones concretas. La autoridad explicó que, al existir un directorio en la empresa pública GEDES EP, no puede tomar decisiones de forma individual, aunque se comprometió a convocar a una reunión con todos sus integrantes para analizar el tema.
Por su parte, Juan Granda, presidente general de los adjudicatarios, indicó que entre los principales pedidos están que la administración del centro pase al Municipio de Loja, la eliminación del cobro por acceso vehicular, el control de mercados paralelos, la fijación de horarios de atención y un mayor control en materia de tránsito.
En contraste, el administrador de Puerto Seco, Yimi Correa, aseguró que durante la reunión lograron consensos y definieron una hoja de ruta para atender las demandas. Como parte de aquello, habrían acordado completar los estudios técnicos y legales sobre el control de acceso vehicular antes de tomar una decisión definitiva. Además, señaló que trabajarán de forma coordinada con los agentes municipales y comisarías para controlar la venta informal, y avanzarán en obras complementarias como la construcción de baterías sanitarias y la instalación de tomas de agua en los andenes.
“A partir de estos compromisos, los adjudicatarios reabrieron los accesos y la atención se reanudó con normalidad”, concluyó.
Cronidato
Según la ordenanza vigente, el directorio de GEDES EP está conformado por la máxima autoridad municipal, quien lo preside, un representante del Concejo Municipal, y los directores financiero y de planificación, además de un representante de los beneficiarios de los proyectos. En total, son cinco los miembros que toman decisiones dentro de esta empresa pública.