El rechazo ciudadano por el incremento del pasaje urbano en Loja continúa creciendo, especialmente tras las denuncias de usuarios que aseguran que varias unidades ya cobraron la nueva tarifa de 36 centavos y 18 centavos el medio pasaje, pese a que la ordenanza todavía no entra en vigencia.

Medida

El Cabildo de Loja sesionó el pasado jueves 07 de mayo de 2026 y ratificó el incremento de la tarifa del transporte urbano de 30 a 36 centavos. Durante la sesión, el concejal Pablo Carrión solicitó la reconsideración de la votación sobre la reforma a la Ordenanza 055-2018, pedido que fue apoyado por el edil Jorge Patiño Jadán; sin embargo, la propuesta fue negada con seis votos.

Los concejales Edwin Castillo, John Espinosa, Iván Ludeña, Polibio Vélez, Marlene Abendaño y Yuri Yaguana ratificaron su apoyo al incremento del pasaje, mientras que Pablo Carrión, Santiago Erráez, Jorge Patiño, Gloria Cuenca y Pablo Quiñónez votaron a favor de revisar nuevamente el tema.

La solicitud de reconsideración surgió luego de que el departamento jurídico del Municipio emitiera un informe donde advertía varias inconsistencias dentro del informe técnico presentado por la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Cobro

Tras la ratificación del alza, el Consorcio de Transportistas Urbanos “Ciudad de Loja” difundió un comunicado en el que informó que procedería con la actualización de las tarifas en los equipos de recaudo electrónico de las unidades, proceso que —según indicaron— se aplicaría progresivamente en un plazo máximo de cinco días. No obstante, horas después, dicho pronunciamiento fue eliminado de sus redes oficiales.

Pese a que la ordenanza aún no está en vigencia, ciudadanos denunciaron que en varias unidades ya cobraron los 36 centavos y 18 centavos el medio pasaje. Ante esta situación, el sábado 09 de mayo de 2026, la Unidad Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre aclaró que el valor del pasaje urbano en Loja se mantiene en 30 centavos, debido a que el proceso legal todavía no concluye conforme a la normativa vigente.

La entidad municipal enfatizó que mientras la ordenanza no sea sancionada y publicada, no está autorizado ningún incremento en la tarifa del transporte urbano.

Incluso, agentes de tránsito ejecutaron operativos de control y constataron que varias unidades ya tenían habilitados los nuevos valores en los sistemas de cobro electrónico. Sin embargo, usuarios afirmaron que la medida continuó aplicándose durante el transcurso de la tarde.

“Sí ya están cobrando los 36 centavos en los buses”, aseguró Servio González. De igual manera, Laura Román indicó que en la parada de la Miguel Riofrío el sistema ya marcaba el nuevo valor, mientras que Alba Cobos afirmó que desde el viernes 08 de mayo le cobraron los 36 centavos en una unidad que tomó en la parada de la 10 de Agosto.

Acciones

A este escenario se suma el rechazo de representantes de las Juntas de Desarrollo Barrial de Loja. Vladimir Ortega, coordinador de barrios, señaló en diálogo con Diario Crónica que durante el trámite de aprobación de la reforma se habrían registrado inconsistencias técnicas y jurídicas que afectarían la legalidad del procedimiento.

El profesional del derecho, cuestionó la participación de dos concejales vinculados al sector transportista dentro de la Comisión de Transporte, argumentando que se configuraría una actuación de “juez y parte”. Además, criticó el estudio técnico utilizado para justificar el incremento, asegurando que la muestra aplicada fue de apenas 300 personas, pese a que Loja supera los 200 mil habitantes.

Asimismo, sostuvo que en el texto final aprobado se incorporaron disposiciones transitorias y generales, pero no se reformó directamente el artículo 31 de la ordenanza, que regula el valor del pasaje urbano.

El dirigente barrial recordó además que, previo a la sesión donde se negó la reconsideración, el procurador síndico del Municipio habría remitido un informe jurídico alertando sobre inconsistencias dentro del proceso.

Con la negativa de reconsiderar la votación, el proyecto pasó a manos de la alcaldesa de Loja, quien, de acuerdo con el artículo 322 del COOTAD, tiene un plazo de ocho días para pronunciarse, ya sea sancionando o vetando totalmente la ordenanza.

Desde las Juntas de Desarrollo Barrial exhortaron a la autoridad municipal a vetar el proyecto, argumentando que las inconsistencias detectadas podrían perjudicar tanto a la ciudadanía como al propio sector transportista. Ortega advirtió que, en caso de que la ordenanza sea sancionada y entre en vigencia, impulsarán acciones constitucionales y administrativas para intentar dejar sin efecto el procedimiento aprobado.