La crisis en el transporte urbano de Loja alcanzó su punto más álgido la noche de este lunes 18 de mayo de 2026. Tras una asamblea general de carácter urgente, el Consorcio de Transportistas Ciudad de Loja tomó la decisión radical de acogerse al derecho a la resistencia y suspender el servicio, luego de conocerse el veto total del Ejecutivo municipal a la ordenanza que regula el Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU) y contemplaba la revisión tarifaria.

La medida de hecho, anunciada por Juan Chiriboga, representante del consorcio, se ejecutará formalmente este martes 19 de mayo. Los operadores de todas las cooperativas urbanas marcharán hacia el edificio municipal con el objetivo de entregar las llaves de las unidades a la alcaldesa Diana Guayanay Llanes.

“Simplemente vamos a hacer uso del derecho a la resistencia después de haber insistido tanto en el Municipio de Loja que se nos revise la tarifa. Han pasado años y no hemos sido atendidos. Nos amparamos en el artículo 98 de la Constitución y en el artículo 76, numeral 17, porque nadie nos puede obligar a trabajar a pérdida”, manifestó Chiriboga a Diario Crónica.

Una medida por la quiebra del sector

El dirigente gremial enfatizó que la situación financiera de las operadoras es insostenible debido al congelamiento del pasaje frente al incremento de los costos operativos, señalando que actualmente el galón de diésel se ubica en USD 3.10.

“El transporte urbano en Loja ya no da más; no nos alcanza para sostener los buses y peor aún a nuestras familias. La tarifa que estaba en discusión era apenas la primera etapa, los seis centavos que pedimos hace cinco años. Nos tienen totalmente quebrados”, puntualizó.

La entrega de llaves, prevista para las 09h00, busca que el propio Municipio asuma la operación directa de los vehículos y verifique técnicamente que los ingresos actuales no cubren los costos de consumo.

Por su parte, el ayuntamiento local recordó multas por la paralización del servicio del transporte público.

El origen del conflicto: Veto total a la Ordenanza 0087-2026

La radicalización de los transportistas surge como respuesta a la decisión de la alcaldesa Diana Guayanay, quien el pasado viernes 15 de mayo —en el último día del plazo legal establecido por el artículo 322 del COOTAD— emitió una observación total a la Ordenanza Nro. 0087-2026.

Mediante el memorando Nro. ML-A-01150-2026-M, la Alcaldía sostuvo que el expediente legislativo remitido por el Cabildo contenía graves vicios procedimentales, inconsistencias jurídicas y administrativas que vulneraban principios constitucionales como la seguridad jurídica y la participación ciudadana.

Pese a que en instancias previas la primera autoridad cantonal se había mostrado a favor de dar viabilidad al incremento del pasaje, los informes de la Procuraduría Síndica municipal modificaron la postura del Ejecutivo. Entre las falencias detectadas advirtió que:

• El informe de minoría de la Comisión de Tránsito (presidida por el concejal Iván Ludeña) excedió el alcance parlamentario.
• En el texto final ratificado se incorporaron disposiciones que no fueron debatidas formalmente en el primer debate.
• Existieron contradicciones internas y falta de trazabilidad normativa en la codificación aprobada por el Concejo.

La ordenanza había sido aprobada el 27 de abril y ratificada por el Cabildo el pasado 7 de mayo con los votos de los concejales Edwin Castillo, John Espinosa, Iván Ludeña, Polibio Vélez, Marlene Abendaño y Yuri Yaguana, tras negar la reconsideración planteada por el edil Pablo Carrión. Sin embargo, con el veto total del Ejecutivo, el proyecto normativo queda completamente congelado, detonando la paralización del servicio que dejará a la urbe lojana sin transporte desde las primeras horas de este martes.