Una medida cautelar obliga al Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja a retomar operaciones inmediatas -en menos de 24 horas- bajo advertencia de sanciones penales, destituciones y reversión de rutas en caso de no acatar la disposición. La paralización afecta a miles de ciudadanos desde hace cuatro días.
Circunstancias
La crisis del transporte urbano alcanzó un punto decisivo. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Loja aceptó una medida cautelar presentada por dos ciudadanos y ordenó al Consorcio restablecer el servicio en todas sus líneas y frecuencias habituales dentro de un plazo máximo de 24 horas.
La disposición judicial involucra a las operadoras Ríos del Sur S.A., 24 de Mayo, Cuxibamba y Urbaexpress S.A., integrantes del consorcio responsable del transporte público en la ciudad.
La resolución surgió tras la acción de protección impulsada por los abogados David Alejandro Samaniego Rojas y Juan Diego Samaniego Ordóñez. Según explicó este último a Diario Crónica, la notificación emitida durante la mañana del viernes 22 de mayo de 2026 establece que las unidades deberán retomar actividades antes de las 09h00 del sábado 23 de mayo.
El fallo judicial advierte que el incumplimiento constituye el delito de desacato a decisiones legítimas de autoridad competente, escenario que podría derivar en procesos de destitución, sanciones legales y acciones administrativas relacionadas con la reversión de rutas por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja.
“Además, la resolución exhorta a la alcaldesa del cantón Diana Guayanay Llanes y a la Dirección de Movilidad y Tránsito a utilizar todas las herramientas legales disponibles para garantizar la normalización del servicio y mantener informado al juzgado sobre el cumplimiento de la disposición”, dijo.
Añadió que la audiencia pública para tratar la acción de protección quedó fijada para el 05 de junio de 2026, a las 08h30. A la diligencia deberán acudir obligatoriamente los representantes del consorcio y los abogados accionantes.
El conflicto surgió luego de que la alcaldesa observará la Ordenanza 087-2026 y el Cabildo con siete votos a favor archivar la norma y la tarifa del pasaje urbano continué en 30 centavos. La decisión profundizó las diferencias entre las autoridades municipales y el sector transportista.
Mientras tanto, la suspensión del servicio continúa generando complicaciones para miles de ciudadanos, especialmente estudiantes, trabajadores y adultos mayores que dependen diariamente de los buses urbanos para movilizarse dentro de Loja.
Ciudadanía
Entre la ciudadanía predominan las exigencias para recuperar la movilidad. Leonardo Jara sostuvo que obstaculizar servicios públicos constituye un atentado contra derechos fundamentales relacionados con salud, educación, seguridad y libre tránsito. Mientras tanto, Danna Pacheco planteó alternativas para sostener la operatividad del sistema, entre estas la reducción de frecuencias y horarios como mecanismo temporal para enfrentar los costos del servicio sin afectar totalmente a la población.
Respuesta
En ese ámbito, la atención ahora gira en torno a la respuesta del Consorcio de Transportistas frente al mandato judicial, luego de cuatro días de paralización iniciados el martes 19 de mayo de 2026. Hasta el cierre de esta edición, los dirigentes del gremio no emitieron pronunciamientos oficiales.(I).
La tarifa de la discordia
- La Ordenanza: La alcaldesa Diana Guayanay observó la Ordenanza 087-2026.
- El Archivo: Con siete votos a favor, el Cabildo lojano decidió archivar la reforma normativa.
- El Pasaje: Con esta resolución, la tarifa del pasaje urbano se mantiene congelada en 30 centavos, una cifra que el sector transportista asegura no cubre los costos de operación actuales.