La ausencia de informes técnicos y jurídicos impidió el tratamiento de una reforma presupuestaria destinada al pago de una multa de casi USD 49.500 impuesta por la Secretaría de Ordenamiento Territorial (SOT). El Concejo Municipal aplazó el debate hasta contar con la documentación requerida.

Circunstancias

La sesión ordinaria del Cabildo lojano, prevista para el martes 04 de agosto de 2026, quedó suspendida tras el pedido del concejal Polibio Vélez Cabrera, quien argumentó múltiples inconsistencias en la documentación incorporada al orden del día. La principal observación apuntó a la falta de informes técnicos y jurídicos relacionados con una reforma presupuestaria destinada al pago de una sanción económica impuesta por la Secretaría de Ordenamiento Territorial (SOT).

En diálogo con Diario Crónica, el edil explicó que la convocatoria contemplaba seis puntos. El primero correspondía a la aprobación del acta de la sesión anterior; sin embargo, ese documento contenía un error en uno de los temas tratados, circunstancia que impedía su aprobación.

El edil también advirtió que el segundo punto incluía un proyecto de ordenanza ya conocido por el Concejo el 15 de enero de este año. A su criterio, la propuesta debía retirarse del orden del día, debido a que abordaba un contenido previamente analizado por el organismo legislativo.

La principal preocupación surgió en el punto 5, en el que solicitada el tratamiento de la reforma presupuestaria número 53, planteada para cubrir una multa de USD 49.471, valor que incluye intereses. La sanción deriva de un proceso iniciado por la SOT tras la aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), mediante la Ordenanza 070, correspondiente al año 2025.

Según Vélez, el expediente únicamente incorporaba la notificación de la sanción, la liquidación del valor por cancelar y la ratificación de la resolución. “El análisis responsable del tema exige informes técnicos del Departamento de Planificación, criterios jurídicos, antecedentes del proceso administrativo y notificaciones relacionadas con la primera sanción emitida el 5 de diciembre”, dijo.

El concejal recordó que la multa corresponde a una reincidencia atribuida al Municipio, motivo por el cual alcanzó el monto máximo previsto por la normativa. Además, indicó que el procedimiento sancionador responde a modificaciones del uso de suelo rural hacia urbano en varias parroquias, decisión adoptada sin cumplir el procedimiento técnico establecido por la autoridad nacional de ordenamiento territorial.

“Como concejales que aprobamos la Ordenanza 070, necesitamos toda la información para fundamentar cualquier decisión. Sin esos documentos resulta imposible realizar un análisis responsable y emitir un voto”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa Diana Guayanay Llanes informó que la administración municipal remitirá la documentación pendiente para conocimiento de los concejales. Una vez completado el expediente, el Cabildo retomará la sesión con el propósito de analizar los temas pendientes y adoptar las resoluciones correspondientes.(I).