Antonio C. Maldonado V.
Como todos sabemos, y en eso no hay mayor discusión, la Fuerza Pública está dedicada en mayor escala a la captura y decomiso de droga y, en ocasiones muy escasas, desde luego, al hallazgo de restos humanos de personas que también son calificadas como desaparecidas. Pero no se sabe si alguien las reclama como tales; en el país más de 4300 personas fueron reportadas como tales entre los meses de enero y julio, siendo las mujeres y adolescentes los que concentran la mayoría de los casos. De acuerdo a información pública 1 de cada 2 desaparecidos registrados en el país corresponde a adolescente, distribuyéndose de la siguiente manera: de 0 a 11 años fueron reportados 183 menores, de 12 a 17 años la cifra fue de 1960, de 18 a 34 años fueron 1037 personas, de 35 a 64 años fueron 542, y de 65 años o más se reportan 186 personas desaparecidas; también cabe mencionar que entre todas las denuncias el 55% de ellas que corresponde a 2169 son mujeres, mientras que el restante 45%, es decir 1740 reportados son hombres; el estado de los casos registrados localizados con vida ha sido el 78%, es decir 3067 personas, localizados sin vida corresponde al 5% es decir 197 personas, y continúan desaparecidas el 17 % con 645 reportados; hay que añadir que, las provincias que han recabado un mayor número de denuncias son Guayas con 945 y Pichincha con 913.
Entre la clasificación oficial de los casos reportados se distribuye en personales con 1701, familiares con 859, continúan desaparecidos con 546, fallecidos son 197, sociales con 191 y otros casos con 415 personas; para cierre de junio de este año continuaban desaparecidas 645 ciudadanos predominando los hombres con 383 y las mujeres con 262, de los cuales 20 son menores de 12 años, 253 son adolescentes de entre 12 a 17 años, 116 son adultos entre 35 y 64 años, y 22 adultos mayores de más de 65 años.
Desde el 2018 hasta la fecha los casos de niños y niñas desaparecidos ha tenido un incremento rápido, como lo afirma la Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, la aceleración de esta tendencia coincide con el deterior de las condiciones de seguridad y la expansión territorial de diversos grupos criminales en varias provincias del país.
Este problema mantiene en sufrimiento y aterrorizadas a centenares de familias que, inclusive, tienen la tarea de colocar carteles públicos con las fotografías de sus familiares y ofrecer recompensas económicas a quienes puedan dar razón de su paradero.