Prestar una cuenta bancaria, compartir un código de verificación o entregar información personal puede terminar involucrando a una persona en una investigación penal o convertirla en víctima de estafa y extorsión. Advierten que estos descuidos pueden ser aprovechados para cometer delitos o movilizar dinero de origen ilícito.
Situación
En diálogo con Diario Crónica, Francisco Mesías Hidalgo, coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, advierte sobre el riesgo de prestar cuentas para recibir transferencias o hacer depósitos. Cuando los recursos están relacionados con actividades ilícitas, el titular puede ser requerido para determinar el origen y destino del dinero.
Los movimientos por montos elevados son los que generan alertas y verificaciones. Entre los casos con mayor riesgo están las solicitudes para recibir USD 5.000, USD 10.000 o USD 20.000, especialmente cuando quien pide utilizar la cuenta argumenta que tiene problemas con la suya.
La misma situación puede presentarse con las aplicaciones de mensajería. Los antisociales solicitan códigos enviados al teléfono de la víctima para tomar el control de su cuenta y, posteriormente, contactar a familiares y amigos para pedirles dinero.
“Si usted le da ese número, está mal, le han hackeado su cuenta”, señaló. Ante estos casos, plantea verificar por otra vía cualquier solicitud inusual.
Perfilamiento
El acceso a información personal no se limita a cuentas y teléfonos. Geovanny Guzmán, abogado en libre ejercicio profesional y experto en seguridad, sostiene que las redes sociales también pueden convertirse en una fuente de datos para identificar posibles víctimas.
Fotografías de viajes, vehículos, compras, actividades comerciales o familiares permiten conocer aspectos de la vida personal y económica de una persona. Esta información puede resultar especialmente útil para quienes buscan identificar comerciantes, empresarios, funcionarios públicos u otras personas con determinadas actividades económicas en ciudades pequeñas.
‘‘A partir de estos datos, las víctimas son seleccionadas para extorsiones que incluso se coordinan desde centros penitenciarios. Mientras una persona privada de libertad realiza llamadas o envía mensajes, otras que permanecen fuera pueden obtener información, contactar a la víctima o recibir el dinero exigido’’, dijo.
Caso
La Fiscalía General del Estado dio a conocer un caso investigado entre Lago Agrio y Loja, que muestra cómo una cuenta bancaria terminó vinculada a una extorsión. Un hombre recibió mensajes mediante WhatsApp en los que le exigían USD 500 a cambio de no atentar contra él ni contra su familia.
Tras la primera amenaza, transfirió USD 50 a una cuenta proporcionada por los presuntos extorsionadores. Las exigencias continuaron y posteriormente realizó otro depósito de USD 60 en una cuenta perteneciente a una mujer.
La investigación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) permitió identificar a la titular de la cuenta. Durante las diligencias, ella habría manifestado que varias personas privadas de libertad le solicitaban utilizarla para recibir transferencias.
Con esta información, los agentes llegaron hasta el Centro de Rehabilitación Social de Loja y allanaron el pabellón D. En una de las celdas encontraron un teléfono celular desde el cual presuntamente se enviaban los mensajes extorsivos.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para las cinco personas procesadas. La víctima también recibió medidas de protección.
Denuncia
Frente a una extorsión, Guzmán plantea acudir de inmediato a la Policía Nacional y Fiscalía y conservar mensajes, llamadas, audios, números telefónicos y comprobantes de transferencias.
Estos elementos pueden ser incorporados al proceso para determinar cómo se produjo el contacto y establecer el destino de los recursos.
También considera necesario evitar el uso de cuentas personales para recibir dinero cuya procedencia se desconoce, pues una operación de este tipo puede terminar vinculando al titular con una investigación.