La Ley Antimafias plantea endurecer las sanciones contra el crimen organizado mediante la acumulación de penas y la creación de nuevos delitos. Jurista y exlegisladora advierten que el combate a las mafias también exige instituciones sólidas, justicia independiente y garantías de seguridad para quienes administran justicia.

Circunstancias

Con 85 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocida como Ley Antimafias. La normativa introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), incorpora nuevas figuras delictivas y establece mecanismos para acumular sanciones.

Entre los principales cambios destaca la posibilidad de ampliar hasta 60 años el límite de las penas privativas de libertad, actualmente fijado en 40 años. La disposición contempla condenas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que la suma de las sanciones individuales supere el máximo vigente.

El jurista en libre ejercicio Iván Roldán Rogel, en Diario Crónica, consideró que Ecuador ya cuenta con herramientas legales para investigar y perseguir actividades ilícitas, entre estas las leyes relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito e injustificado, además de los controles de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las investigaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI).

A su criterio, el problema trasciende la creación de nuevos instrumentos jurídicos. “Las estructuras mafiosas también operan dentro de las instituciones estatales como por ejemplo los casos Metástasis y Sinohydro, además de las presuntas irregularidades vinculadas con la compraventa de cargos en empresas públicas”, acotó.

Respecto al incremento de las condenas, consideró que la acumulación de penas ya forma parte de la legislación ecuatoriana, por lo que cuestionó el alcance de las nuevas disposiciones. Asimismo, advirtió que una condena de 60 años prácticamente representa una privación de libertad durante toda la vida, aunque recordó que el sistema contempla mecanismos que podrían permitir una salida anticipada.

Por su parte, la exasambleísta por Loja, Jeannine Cruz Vaca, calificó en Crónica como necesaria cualquier iniciativa orientada a combatir la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, planteó la importancia de abordar el problema desde una perspectiva integral, ante la presencia de organizaciones criminales y los antecedentes de presunto financiamiento ilícito en la política ecuatoriana.

Cruz Vaca también cuestionó las condiciones del sistema de rehabilitación social y la capacidad estatal para garantizar procesos efectivos de reinserción. A su juicio, endurecer las sanciones requiere recursos, infraestructura y políticas que eviten el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas delictivas.

Enfatizó la necesidad de proteger a jueces y fiscales frente a amenazas y represalias, especialmente en provincias como Esmeraldas, Guayas y Manabí. Para la exlegisladora, una justicia independiente requiere funcionarios probos, garantías de seguridad y respaldo institucional.(I).

Loja cuenta con un Centro de rehabilitación Social y supera los 700 presos.

La normativa fue aprobada con 85 votos.