La educación pública es laica, gratuita hasta el tercer nivel, y debe responder al interés público, no a intereses privados o corporativos. Este objetivo está consagrado en los artículos 26 y 28 de la Constitución de 2008, que la reconoce como un derecho a lo largo de la vida, ineludible e inexcusable por parte del Estado, y la califica como un área prioritaria para la inversión pública.

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