La Contraloría General del Estado (CGE) predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, la exdirectora de recursos humanos del cabildo y de ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en esa institución. El personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con dos concejales urbanos en funciones y con la exdirectora de recursos humanos del gobierno autónomo descentralizado.

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