La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

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