La Policía y las Fuerzas Armadas tienen un plazo de cinco días para modernizar los manuales sobre el uso legítimo de la fuerza, según lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa en el Decreto 371. Sin embargo, esta normativa ya está regulada por la ley desde agosto de 2022 y por un reglamento emitido en junio de 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso.

El reglamento establece que las fuerzas del orden pueden usar armas de fuego en situaciones de:

Amenaza o peligro de muerte o lesiones graves, en defensa propia o de otros.

Prevención de delitos.

Detención o prevención de la fuga de personas que representen una amenaza.

Resistencia activa cuando otras medidas resulten insuficientes.

Además, aunque no se menciona específicamente en la disposición de Noboa, la ley ya contempla el respaldo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como el apoyo a los uniformados para que puedan defenderse en libertad en procesos legales relacionados con el uso progresivo de la fuerza que resulten en muertos o heridos.