La asesora presidencial, Diana Jácome, recusó al juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, quien estaba a cargo de la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad por supuesta infracción electoral grave contra el presidente Daniel Noboa y otros altos funcionarios.

Como resultado, el proceso en el TCE se suspendió hasta que se resuelva la recusación. Muñoz ordenó detener los plazos y remitir el expediente a la Secretaría del Tribunal para que se sortee un nuevo juez que evaluará la recusación.

La denuncia de Abad, presentada el 8 de agosto de 2024, acusa a Noboa y su equipo de obstaculizar su capacidad de asumir funciones presidenciales, argumentando que el Ejecutivo intentó impedir que ejerciera su cargo mientras Noboa estaba en campaña de reelección. Abad también acusa a la Cancillería de negarle un permiso para atender asuntos familiares y de salud.

Además, Abad presentó como evidencia una declaración de Jácome que cuestionaba sus prioridades durante la detención de su hijo, argumentando que esto constituía violencia política de género.

Abad solicita sanciones severas, incluyendo la destitución de Noboa y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, junto con una multa de USD 32,200 para los involucrados. Sin embargo, el presidente Noboa aún no ha sido notificado formalmente.

El TCE no ha especificado los motivos de la recusación de Jácome, pero generalmente, se presenta cuando se duda de la imparcialidad del juez. La audiencia inicial estaba programada para el 12 de septiembre, pero ahora está en pausa hasta la resolución de la recusación.