La defensa de la vicepresidenta Verónica Abad busca revertir su suspensión con dos acciones legales clave. Sus abogados, Dominique Dávila y Damián Armijos, presentaron el 11 de noviembre una acción de protección en Quito contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez; la funcionaria que firmó la sanción, Silvana Villarroel; y la Procuraduría General del Estado. El caso fue asignado a la jueza de Niñez y Familia, Nubia Vera Cedeño, quien deberá evaluar si se vulneraron los derechos de Abad.

La defensa solicita que la ministra Núñez ofrezca disculpas públicas, que se implementen programas educativos sobre teoría del Estado y garantías del debido proceso, además de medidas cautelares para suspender la sanción de 150 días mientras se resuelve el caso.

Paralelamente, Abad recurrió al sistema interamericano, pidiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares vinculantes. Según su abogado Armijos, estas medidas deben ser acatadas por el presidente. También han solicitado a la Fiscalía y la Contraloría investigar el sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.