La fiscal general, Diana Salazar, utilizó sus redes sociales este 19 de diciembre de 2024 para responder a los requerimientos de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Aguirre solicitó información al Ministerio Público sobre si Salazar está ejerciendo funciones en Ecuador y, de no ser así, bajo qué figura legal se encuentra fuera del país.

Salazar cuestionó la verdadera intención detrás del pedido, señalando que parece buscar su ubicación más que cumplir con una función pública. «¿Desde cuándo mi ubicación es relevante para la opinión pública? Esto solo interesa a estructuras criminales que quieren atentar contra mi vida y la de mi familia», afirmó.

La fiscal criticó que estos pedidos prioricen conocer su paradero en lugar de localizar a procesados prófugos, como los implicados en el caso Metástasis. Además, señaló que mientras ella enfrenta amenazas de redes criminales, la Comisión de Fiscalización convoca a personas sentenciadas y prófugas, como Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, condenado por abuso sexual.

Salazar destacó que la solicitud de comparecencia para hablar de los chats filtrados de Fernando Villavicencio ocurre en un momento sensible, ya que atraviesa la semana 40 de su embarazo.