La Secretaría General de la Asamblea Nacional devolvió al presidente Daniel Noboa el Decreto Ejecutivo No. 500, que encargaba la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert por tres días, argumentando que este incumple disposiciones constitucionales y legales.

El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, señaló el 8 de enero de 2025 que el decreto no se ajusta a los artículos 146 de la Constitución, 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 30 del Código Civil. Según la Constitución, la ausencia temporal de la Presidencia debe ser cubierta por quien ejerza la Vicepresidencia, y solo bajo circunstancias como enfermedad, fuerza mayor o licencia aprobada por la Asamblea Nacional.

Noboa justificó el encargo alegando «fuerza mayor», argumentando la necesidad de enfocarse en su campaña electoral para los comicios del 9 de febrero. Sin embargo, Muñoz aseguró que este motivo no se adecúa al concepto de fuerza mayor o caso fortuito, indicando que el presidente debería haber solicitado una licencia sin remuneración para cumplir con la normativa.

Cynthia Gellibert, ministra de la Administración Pública, fue designada como vicepresidenta encargada el 4 de enero, tras un conflicto entre Noboa y la vicepresidenta electa, Verónica Abad. Este nombramiento intensificó la pugna entre ambos, con Abad apartada de sus funciones y elevando el caso a la Corte Constitucional.

El Decreto 500 establecía que Gellibert asumiría la Presidencia desde las 17:00 del 9 de enero hasta las 16:59 del 12 de enero, mientras Noboa se dedicaba a su campaña. La ley prohíbe al mandatario utilizar su cargo para fines electorales, lo que genera cuestionamientos sobre el propósito del encargo.

Abad aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el decreto, pero su acción legal podría generar un nuevo escenario en el conflicto institucional. Este episodio suma tensiones en un contexto electoral marcado por disputas internas y cuestionamientos a la legalidad de las decisiones del Ejecutivo.