En la Unidad Judicial Penal de Loja, se desarrolló la audiencia para conocer los avances de la sentencia emitida en julio de 2024 sobre la reubicación de 46 afectados de la Ciudadela Ciudad Victoria. La falta de un informe técnico ocasionó que sea suspendida y en un plazo de 22 días retomarán para emitir el fallo.

Circunstancias

En el mes de julio de 2024, tras la sentencia judicial en favor de los moradores de la Ciudadela Ciudad Victoria, la jueza determinó que, en un plazo de 30 días desde la emisión de la sentencia, 26 personas deben recibir un lugar donde vivir; y, en los 90 días siguientes, otras 20 personas más. Esta decisión surgió después de que los afectados demandaron al Municipio de Loja y a la Empresa Pública Municipal de Vivienda (Vivem-EP) debido a los hundimientos y el deterioro de sus viviendas.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia, de carácter Constitucional, el Ayuntamiento local emitió un informe para establecer un canon de arriendo con un valor de USD 210 mensuales a los afectados y a la par, realizan gestiones para acceder al proyecto del Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Jipiro II, donde existen viviendas previamente construidas y en total abandono.

El abogado de los perjudicados, César Cueva Guerrero, señaló que la audiencia desarrollada el martes 19 de febrero de 2025, a las 10h00, era para determinar el cumplimiento de lo resuelto en sentencia. La jueza decidió suspender la audiencia, porque consideró que no hay un informe técnico que le permita establecer si la sentencia está o no cumpliéndose. “En 22 días debe presentarse estas diligencias documentadas, luego tendremos dos acciones en caso de ser negativa: una multa compulsiva diaria por el incumplimiento o la iniciación de un proceso para la posibilidad de la remoción del cargo”.

En ese punto, “hago un llamado al defensor del pueblo, José Sarmiento Alvear, a emitir el informe técnico en la brevedad posible, del cumplimento o no de la sentencia. Existe mucha demora y mientras tanto, las casas son demolidas u otros pagando los arriendos con sus recursos”.

Recursos

En cambio, desde la Municipalidad se informó y certificó que existe más de USD 1 millón 600 mil para adquirir las viviendas, por lo que la entidad efectúa los trámites para la declaratoria de utilidad pública y la expropiación de las casas en el sector Alcázar de Jipiro, con el fin de reubicar a los damnificados. También otra de las propuestas es entregar la vivienda o un terreno.

Cuatro años

Por su parte, Digna Villalta, vocera de los afectados de Ciudad Victoria, espera que la jueza luego de los 22 días, en el caso de no existir ningún avance, determine una sanción para ver si toman mayor agilidad. “Para nosotros es desesperante, vamos 4 años en esta lucha y no hay respuesta definitiva. Ahora han suspendido los arriendos 2 meses y quienes salieron por temor, tendrán que regresar a sus viviendas destruidas”.(I).

Croninúmero

4 años llevan los afectados de Ciudad Victoria buscando ser reubicados.

46 afectados aspiran nuevo lugar para vivir.