El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia contra la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género, tras la denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld. La resolución impone una multa de $14 100 y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.

Efectos jurídicos:

La sentencia es definitiva, aunque puede solicitarse una aclaración o ampliación sin cambiar el fallo.

Podría interponerse una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional si se alega vulneración de derechos.

¿Puede ser destituida?

El Ministerio del Trabajo debe inscribir la sanción, pero la Corte Constitucional ha señalado que la vicepresidencia no es equiparable a otros cargos públicos.

La destitución solo podría darse por juicio político en la Asamblea Nacional.

Ausencia y reemplazo:

Si el fallo se ejecuta, se configuraría una ausencia temporal, permitiendo al presidente nombrar un reemplazo provisional.

Si la suspensión supera los tres meses, la Asamblea debería elegir un sucesor a partir de una terna presidencial.

Aunque la sanción limita sus derechos políticos a futuro, no implica su destitución inmediata. Su permanencia en el cargo dependerá de decisiones legislativas.