El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, deberá enfrentar un juicio penal por su presunta participación en una red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Así lo resolvió este sábado 19 de julio de 2025 un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, quien también ordenó el uso de grillete electrónico como medida cautelar.

La decisión fue adoptada al cierre del décimo día de la audiencia preparatoria de juicio, que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito. En total, el juez llamó a juicio a 16 personas naturales y seis jurídicas, a quienes la Fiscalía señala como integrantes de una organización dedicada a desviar combustibles como gasolina y diésel del sistema regulado hacia el mercado negro.

Según la Fiscalía General del Estado, los procesados habrían generado un millonario perjuicio económico al Estado ecuatoriano mediante el uso de empresas fachada y redes de distribución ilegales. La acusación formal se sustenta en múltiples evidencias documentales, testimoniales y periciales recabadas desde el inicio de la investigación en 2023.

Grillete pese a objeciones médicas

Entre las medidas cautelares impuestas al alcalde Álvarez constan la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica —contemplado en el numeral 4 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)—, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

La defensa del alcalde había solicitado con anterioridad que se excluya el uso del grillete, argumentando que Álvarez padece una afección cardíaca incompatible con el dispositivo. En abril, el pedido fue acogido de forma temporal tras la presentación de certificados médicos, pero ahora el juez ratificó la medida.

Ramiro García, abogado del alcalde, anunció que impugnará la resolución. «Vamos a impugnar esta medida cautelar». En redes sociales también cuestionó la actuación judicial:

“El juez del caso Triple A llama a juicio a todos los procesados bajo el argumento de que los alegatos de las defensas deben discutirse en juicio. ¿Entonces para qué están los jueces de garantías? Una vergüenza”.

El caso Triple A

El caso conocido como «Triple A» implica una estructura presuntamente dedicada a la distribución ilícita de derivados de petróleo subsidiados, mediante operaciones trianguladas que involucraban a funcionarios, empresas privadas y centros de acopio. El Ministerio Público sostiene que los combustibles eran desviados del canal regular de distribución para ser revendidos a precios de mercado en beneficio de la red criminal.

Durante la audiencia preparatoria, los abogados de los acusados intentaron desvirtuar las acusaciones, pero el juez concluyó que existen suficientes elementos de convicción para que todos los procesados enfrenten un juicio penal.