Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria del Ecuador —niñez, adolescencia, juventud y adultos mayores—, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) realizó una visita a la ciudad de Loja, en el sur del país.

Durante la estancia, firmaron un convenio de cooperación con la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja, con una vigencia de dos años. El objetivo principal es la creación de un observatorio, en el que estudiantes universitarios, mediante procesos de diálogo y contacto directo con la sociedad, aporten con información y propuestas basadas en la realidad de los 16 cantones de la provincia.

El secretario técnico del CNII, Arón Sánchez, en diálogo con Diario Crónica, explicó que este observatorio estará enfocado con carreras relacionadas con el ámbito social, como Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo Social y afines. La intención es que los estudiantes se sensibilicen frente a las diversas problemáticas sociales y contribuyan a generar soluciones desde la investigación y el trabajo comunitario.

Sánchez señaló dos sectores generacionales que atraviesan situaciones críticas. En primer lugar, la niñez y adolescencia, quienes se han visto afectados por la captación de grupos de delincuencia organizada, lo que los expone a riesgos sociales. En segundo lugar, los adultos mayores, quienes durante los diálogos en Loja manifestaron ser víctimas de violencia patrimonial, principalmente cuando sus propios hijos los obligan a firmar documentos que luego les permiten apropiarse de terrenos, viviendas y otros bienes. Ante esta realidad, el CNII impulsa campañas de sensibilización y protección para prevenir estas vulneraciones.

‘El convenio permitirá que los proyectos de vinculación universitaria se conviertan en un mecanismo clave para el levantamiento de información. Los estudiantes realizarán visitas domiciliarias, en formato de censo, con preguntas orientadas a conocer cuántos adultos mayores no reciben el bono, cuántos niños y adolescentes no asisten a clases, cuántas mujeres son víctimas de violencia, en caso de que expresen esa situación con confianza, entre otras’, dijo.

El CNII acompañará este proceso brindando herramientas desde el marco legal para que los universitarios realicen una recolección de datos precisa y responsable.

La información recabada será remitida a los consejos cantonales de protección de derechos, que deberán generar resoluciones y acuerdos para atender los problemas identificados. En caso de que las normativas vigentes no se ajusten a la realidad, estas serán modificadas. Sánchez destacó que el trabajo se enmarca en la Agenda Nacional para la Igualdad, un instrumento de política pública transversal a diferentes carteras de Estado.

“La agenda vigente ya concluyó este año, por lo que actualmente estamos construyendo la 2025-2029, basada en la percepción ciudadana, que será presentada oficialmente el 15 de noviembre de 2025 y tiene como finalidad convertirse en un instrumento público que oriente la acción estatal en favor de los grupos prioritarios”, finalizó.